La oposición avanza con firmeza en uno de los temas que más preocupa al Gobierno: la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 26.122. El proyecto, ya aprobado en el Senado, busca limitar el uso de los DNU por parte del presidente y fortalecer el control del Congreso, donde Javier Milei cuenta con una representación muy reducida. En la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron los vetos a las leyes de universidades y Garrahan, la oposición desbloqueó el debate sobre los DNU al aprobar un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reúnan el próximo martes 23 para emitir dictamen. Estas comisiones están presididas por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente. Desde La Libertad Avanza alertan que, en caso de que la reforma se apruebe, el presidente Milei podría vetarla. Este sería su primer veto motivado no por el costo fiscal, sino por sus implicancias institucionales. El proyecto establece que los DNU deben ser tratados por el Congreso en un plazo máximo de 90 días desde su emisión; de lo contrario, perderían vigencia. Actualmente, si un decreto no se trata, queda firme gracias a la llamada “sanción ficta”, que es la práctica más común. Además, para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con que una sola cámara vote en contra. Esto invierte la situación actual, que exige la aprobación de una cámara y el rechazo de ambas, un requisito más exigente que el de una ley. La reforma representa un duro golpe para Milei, ya que la oposición podría anular decretos con solo la mayoría en el Senado, donde La Libertad Avanza tiene apenas seis representantes. El diputado Diego Giuliano, del Frente de Todos, defendió el proyecto señalando que “la Constitución y las leyes deben ser interpretadas de buena fe, pero el mecanismo actual para validar los DNU ha perdido sustento teórico y práctico, llegando a rozar el autoritarismo por su uso abusivo y sistemático”. Giuliano advirtió que el sistema vigente “ha colapsado durante este mandato”, especialmente con el DNU 70/23, al que calificó como “una reforma constitucional encubierta” por haber derogado más de 80 leyes y modificado alrededor de 150. De aprobarse la reforma, los DNU no solo estarán sujetos a mayor control, sino que deberán limitarse a una sola temática por decreto. El diputado recordó que muchos DNU, incluido el mencionado, “siguen vigentes sin un tratamiento adecuado en el Congreso”. Por ejemplo, aunque el Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, Diputados nunca lo trató, por lo que sigue en vigor. Finalmente, Giuliano señaló que “incluso la Justicia está interviniendo antes que el Congreso, declarando inconstitucionales varios aspectos de los DNU”. Por eso, dijo, la reforma busca garantizar un control más razonable, republicano y efectivo del Poder Legislativo.