El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la investigación sobre las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las proximidades de las Islas Malvinas y sumó a nuevas sociedades vinculadas con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El planteo apunta a determinar si las compañías realizaron operaciones sin autorización argentina en la plataforma continental. A la causa se incorporaron Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Estas firmas se suman a Desire Petroleum Limited, que ya había sido alcanzada por la investigación. El fiscal también solicitó que se envíen exhortos al Reino Unido e Israel para obtener información sobre la composición societaria de las empresas y posibles relaciones comerciales con otras compañías o intereses vinculados con las operaciones en el área. La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo. Qué busca determinar la Fiscalía La investigación no se limita a establecer si hubo actividad hidrocarburífera sin autorización. Stornelli también pidió avanzar sobre otras posibles conductas vinculadas con delitos ambientales, infracciones aduaneras y un eventual lavado de activos relacionado con los negocios investigados. El expediente tiene como antecedente una serie de medidas adoptadas por el Estado argentino contra compañías que operaban con licencias otorgadas por autoridades británicas para desarrollar actividades petroleras en la zona de Malvinas. En septiembre, además, el Gobierno nacional había anunciado procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. La medida alcanzó inicialmente a 45 sujetos y luego se extendió a otros 15. El proyecto Sea Lion Una de las principales operaciones bajo análisis es el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas en aguas situadas al norte de las Islas Malvinas. La Justicia Federal de Río Grande dispuso recientemente una medida cautelar que ordenó a ambas compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero mientras avanza el proceso judicial. La resolución ubicó el área de interés aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. En este marco, la Fiscalía busca reconstruir qué empresas participaron de las operaciones, quiénes son sus accionistas y directivos y qué relaciones comerciales mantienen con otras firmas involucradas. La Ley 26.659 es uno de los principales instrumentos legales citados en la investigación. Esa normativa establece sanciones para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina que se realicen sin autorización del país. El conflicto también tiene una dimensión diplomática La causa judicial se desarrolla en paralelo a una nueva escalada de posiciones entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales alrededor de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional infringen la legislación vigente y avanzó con medidas administrativas, diplomáticas y judiciales. Desde Londres, en cambio, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó el 18 de septiembre que el Reino Unido respalda la actividad económica en las islas y consideró que las acciones impulsadas por Argentina contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos son “inaceptables”. Mientras continúa la investigación de Stornelli, uno de los objetivos centrales será determinar la estructura empresarial detrás de los proyectos petroleros y establecer si existieron operaciones que puedan encuadrarse en los delitos contemplados por la legislación argentina.