El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, brindó precisiones sobre el alcance de la nueva normativa durante el paro docente y advirtió que los sindicatos que no hayan garantizado la prestación mínima del servicio podrían enfrentar sanciones económicas. Según explicó, de los tres principales gremios docentes de la provincia, únicamente UDAP y AMET notificaron formalmente su adhesión a la medida de fuerza. En tanto, UDA no presentó la comunicación correspondiente, por lo que la Subsecretaría seguirá de cerca el desarrollo de la jornada en relación con sus afiliados. Tras recibir la notificación del paro, el organismo emitió una resolución recordando la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que establece la obligación de garantizar al menos el 75% del servicio educativo durante este tipo de medidas. En ese marco, el Gobierno provincial solicitó a los gremios un plan para asegurar ese porcentaje de funcionamiento. Sin embargo, AMET no respondió al requerimiento oficial, mientras que UDAP rechazó el planteo al considerar que la competencia corresponde al ámbito nacional. Marchese sostuvo que esa discusión ya fue resuelta y remarcó que la Subsecretaría de Trabajo es la autoridad laboral con competencia para intervenir en la provincia. Una vez finalizada la jornada de protesta, el organismo solicitará al Ministerio de Educación un informe con el nivel de adhesión al paro para determinar si se cumplió con la prestación mínima exigida por la ley. En caso de comprobarse que no se garantizó el 75% del servicio educativo, la Subsecretaría avanzará con la aplicación de la normativa vigente. El funcionario indicó que las sanciones previstas son de carácter económico y que el monto de las multas será definido en función de las características de cada incumplimiento, una vez analizados los informes oficiales.