El Gobierno decidió postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados y concentrar sus esfuerzos en dos iniciativas económicas que considera prioritarias: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. El oficialismo apunta a llevar estos proyectos al recinto el próximo 26 de agosto. En la Casa Rosada buscan evitar que las dificultades que atravesó la discusión en el Senado se trasladen a otras negociaciones parlamentarias. La estrategia consiste en separar los debates y enfocar durante las próximas semanas las conversaciones con los bloques dialoguistas en las reformas que el presidente Javier Milei considera centrales para su gestión. “No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, sostienen fuentes del Gobierno. La intención es dejar pasar el impacto político que generó el debate en la Cámara alta y, mientras tanto, avanzar en acuerdos para garantizar los votos de los proyectos económicos. La decisión responde a una definición política de la Casa Rosada: priorizar las iniciativas que Milei considera más importantes para la segunda etapa de su programa de gobierno. La reforma del Banco Central ocupa un lugar central y fue presentada por el Presidente como una de las principales transformaciones institucionales de su gestión. La próxima reunión de la mesa política será clave para terminar de definir la estrategia parlamentaria. Allí se establecerá el temario de la sesión prevista para el 26 de agosto, el cronograma de las comisiones y también cuándo volverá a impulsarse la Ley de Propiedad Privada. El proyecto tuvo un recorrido complejo en el Senado, donde sufrió cuatro postergaciones y numerosas modificaciones antes de conseguir la media sanción. La iniciativa llegó a acumular 17 versiones y finalmente fue aprobada por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo eliminara los capítulos vinculados con la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego. Ese proceso generó preocupación en el Gobierno por el impacto de la discusión pública, las diferencias con los gobernadores y las dificultades para coordinar internamente la estrategia legislativa. La Casa Rosada busca evitar que las resistencias que aparecieron alrededor de la Ley de Propiedad Privada vuelvan a complicar una iniciativa que considera estratégica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Durante el debate en el Senado, varios gobernadores que suelen mantener una postura negociadora con el oficialismo retiraron el respaldo de sus legisladores a algunos artículos del proyecto. Las diferencias también quedaron expuestas durante la negociación entre funcionarios del Gobierno y los bloques aliados. En ese contexto, el oficialismo pretende preservar una mayoría amplia para avanzar con la reforma del BCRA y reducir al mínimo los frentes de conflicto abiertos en el Congreso. La postergación de Propiedad Privada no significa que el proyecto haya sido descartado. La iniciativa ya cuenta con media sanción y deberá ser tratada por Diputados para convertirse en ley. Por ahora, el Gobierno decidió sacarla de la agenda inmediata y esperar un momento político más favorable. El proyecto que el Gobierno quiere priorizar establece que la principal misión del BCRA será preservar el valor de la moneda y plantea restricciones al financiamiento del Estado nacional, las provincias y los municipios. También propone impedir que la entidad compre títulos públicos nacionales en el mercado primario y endurecer los mecanismos para remover al presidente y al directorio del Banco Central. El texto mantiene el sistema de designación de las autoridades mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, pero establece que para removerlas será necesaria una mayoría de dos tercios en Diputados y en el Senado. La iniciativa también contempla cambios sobre la distribución de utilidades, establece una reserva técnica para determinados activos y limita las transferencias de resultados del Banco Central al Tesoro. Además, plantea eliminar las Letras Intransferibles. Junto con la reforma del BCRA, el oficialismo busca avanzar con Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que pretende modificar el esquema de controles y reducir la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores. El Gobierno también apunta a ampliar las garantías para facilitar que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En la Casa Rosada consideran que esta medida podría contribuir a profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones. La estrategia definitiva dependerá de la cantidad de votos que el oficialismo consiga reunir y de las definiciones que adopte la mesa política. Por ahora, la premisa dentro del Gobierno es reducir los frentes abiertos y ordenar la agenda legislativa según las prioridades de Milei: primero la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal, mientras que la Ley de Propiedad Privada quedará para una instancia posterior.