El Gobierno avanza con las negociaciones con los bloques aliados del Congreso para conseguir el dictamen del proyecto que busca ampliar el régimen de Inocencia Fiscal. En ese marco, el oficialismo analiza incorporar una cláusula para impedir que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan utilizar el régimen para formalizar ahorros que no hayan sido declarados. “Se está considerando, pero nada está definido todavía sobre el contenido”, explicó una fuente al tanto de las conversaciones que mantienen el oficialismo y los bloques aliados tanto en Diputados como en el Senado. El cronograma legislativo es ajustado. Este miércoles, desde las 11, las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunirán en un plenario para avanzar con el dictamen. La intención del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el 26 de agosto, junto con la iniciativa de reforma del Banco Central. Para alcanzar ese objetivo, La Libertad Avanza necesita asegurar el respaldo de sus aliados, que plantearon reparos al proyecto a partir del caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Ambos reconocieron haber tenido miles de dólares sin declarar y se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias mientras Adorni era investigado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el exfuncionario aseguró que no utilizó el mecanismo para blanquear esos ahorros. El antecedente generó cuestionamientos entre varios legisladores aliados. Durante el último plenario de comisiones, algunos plantearon la conveniencia de establecer límites para que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas no puedan acceder al régimen destinado a formalizar fondos que se encuentran fuera del sistema. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, había anticipado el lunes que el Gobierno estudiaba incorporar una restricción de ese tipo. “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor”, sostuvo durante un encuentro con empresarios organizado por la Fundación Mediterránea. De todos modos, desde el oficialismo aclararon que la modificación todavía forma parte de las negociaciones. Si finalmente se incorpora, el cambio quedaría plasmado en el dictamen que se discuta este miércoles. El régimen de Inocencia Fiscal fue aprobado a fines de 2025 con el objetivo de incentivar la formalización de fondos no declarados, conocidos popularmente como los “dólares del colchón”. Sin embargo, la adhesión inicial fue menor a la esperada y el Ministerio de Economía impulsó una ampliación del sistema. Uno de los principales cambios que contempla el nuevo proyecto es la eliminación de los límites para ingresar al régimen. Actualmente, la normativa establece determinados topes de ingresos y patrimonio, además de excluir a quienes son considerados Grandes Contribuyentes. Con la reforma, esas restricciones desaparecerían y podrían acceder al régimen todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, independientemente de sus ingresos o patrimonio. Los Grandes Contribuyentes, en tanto, podrían incorporarse a la denominada modalidad simplificada, mediante la cual el fisco preliquidaría el impuesto y facilitaría el proceso de pago. Sin embargo, quedarían excluidos de algunas de las presunciones y beneficios contemplados para el resto de los contribuyentes. El proyecto también modifica la definición de “discrepancia significativa”, es decir, el supuesto que permitiría al fisco cuestionar la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Además, se incorpora la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa y pagar las diferencias correspondientes cuando se detecten inconsistencias relevantes. Otro de los cambios previstos es un mecanismo de reintegro acelerado para aquellos casos en los que la Justicia revoque una impugnación de ARCA y restituya la presunción de exactitud al contribuyente. Desde el Ministerio de Economía sostienen que las modificaciones tienen un objetivo central: brindar mayor seguridad jurídica y generar confianza para que los argentinos formalicen los fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.