El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al considerar que sus actividades podrían violar la Ley 26.659, que establece sanciones para las operaciones realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y será radicada ante la Justicia Federal porteña. La denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según informó la Oficina del Presidente, tres de esas compañías (Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.) presuntamente cuentan con licencias otorgadas por autoridades británicas para desarrollar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Gobierno argentino, esas autorizaciones constituyen una vulneración de la legislación nacional debido a que las actividades se desarrollan sobre recursos naturales que Argentina considera bajo su soberanía. La acusación no estará dirigida únicamente contra las sociedades. El Ejecutivo anticipó que también buscará responsabilizar a directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes y demás personas que hayan intervenido en las operaciones investigadas. La presentación judicial se fundamentará en la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente. El Gobierno sostiene que las operaciones denunciadas encuadrarían en una presunta violación del artículo 2° de esa normativa y adelantó que investigará cada caso para determinar eventuales responsabilidades. La Oficina del Presidente señaló que la medida busca proteger los recursos naturales y reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, junto con Rockhopper Exploration, que tiene el 35%. El proyecto prevé avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas. Ambas compañías sostienen que cuentan con las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las islas, mientras que la Argentina considera ilegítimas esas licencias. El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, a unos 450 metros de profundidad. A fines de 2025, Navitas y Rockhopper tomaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del proyecto. La Cancillería argentina ya había rechazado esa decisión de inversión y había cuestionado la actividad de ambas compañías por considerar que operan sin autorización del Estado argentino. La denuncia penal forma parte de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno nacional para frenar el avance de las actividades hidrocarburíferas en torno a las Malvinas. La semana pasada, la administración de Milei había anunciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. El Ejecutivo también adelantó que las medidas no se limitarán a las empresas directamente involucradas, sino que podrían alcanzar a accionistas y compañías que les hayan prestado servicios. La ofensiva se produjo después del discurso presidencial en cadena nacional, en el que Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion. El Gobierno también anunció una medida vinculada con la estrategia de defensa en el Atlántico Sur. Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otras iniciativas consideradas estratégicas para la seguridad nacional. El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre. Según la Casa Rosada, la decisión busca fortalecer las capacidades del Estado para proteger los recursos naturales y los intereses soberanos argentinos en el Atlántico Sur. De esta manera, el Gobierno busca combinar herramientas judiciales, administrativas y presupuestarias para reforzar su postura frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en las zonas próximas a las Islas Malvinas.