La Libertad Avanza intenta dejar atrás los tropiezos que sufrió en el Senado durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y concentrar sus esfuerzos en garantizar el avance de la agenda legislativa del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca llevar al recinto una serie de iniciativas que ya obtuvieron dictamen, aunque para conseguir su aprobación necesita cerrar acuerdos con los bloques aliados. La premisa dentro de la conducción libertaria es clara: avanzar únicamente con aquellos proyectos que tengan los votos necesarios para ser aprobados. La estrategia contempla realizar un primer relevamiento de apoyos para cada iniciativa y, una vez finalizado el trabajo en comisiones, hacer un nuevo conteo antes de llevar los proyectos al recinto. Ese mecanismo será clave para la sesión prevista para el 26 de agosto, en la que se espera debatir modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos. A estos proyectos se sumará una iniciativa del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que propone reducir a la mitad el IVA aplicado a la harina de mandioca, con el objetivo de beneficiar a las economías regionales y a las personas celíacas. La sesión ya fue coordinada con sectores aliados de la UCR, el PRO, el MID y distintos bloques provinciales. La próxima semana tendrá una actividad parlamentaria reducida debido a que varios legisladores estarán de viaje y funcionarán pocas comisiones. El grueso de la estrategia legislativa del Gobierno se concentrará durante la última semana de agosto. La agenda fue ratificada por la Mesa Política que se reúne semanalmente en la Casa Rosada bajo la coordinación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. En los últimos días, los libertarios también tuvieron que recomponer el diálogo con algunos diputados que quedaron molestos por las exposiciones de los economistas Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira durante el plenario que trató la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Las críticas de ambos especialistas generaron tensión entre los bloques aliados. La situación derivó incluso en pedidos de disculpas y contactos entre dirigentes oficialistas y legisladores que habían cuestionado la participación de los economistas. Martín Menem busca llegar al 26 de agosto con una sesión sin mayores sobresaltos. Si bien admite que el dictamen de mayoría podría sufrir modificaciones para sumar respaldos, el oficialismo pretende conservar los principales lineamientos del proyecto impulsado por Milei. La iniciativa apunta a reforzar la independencia funcional y financiera del Banco Central, establecer la preservación del valor de la moneda como una de las principales funciones de la entidad y limitar los mecanismos de financiamiento monetario del sector público. Algunos gobernadores cercanos a la Casa Rosada, sin embargo, reclamaron una mayor representación de las provincias en el directorio del organismo para avanzar hacia una conducción con carácter federal. En esa línea, el diputado Eduardo Falcone, del MID, propuso que la nueva Carta Orgánica contemple representantes de las distintas regiones productivas del país. El fueguino Santiago Pauli, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Finanzas, tendrá un papel central en las negociaciones para definir eventuales modificaciones al proyecto durante el debate en Diputados. Mientras tanto, desde la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, se inició una nueva ronda de conversaciones con gobernadores. Entre ellos se encuentra el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, cuyos legisladores no acompañaron con sus firmas los dictámenes que llegarán al recinto. Para ampliar el respaldo parlamentario, Santilli sumó a las negociaciones al ministro de Economía, Luis Caputo. Otro de los proyectos que ya consiguió dictamen es la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada desde las comisiones presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. El texto incorpora modificaciones acordadas con los bloques dialoguistas. Entre ellas, el oficialismo aceptó excluir de manera completa a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen. La medida alcanzaría a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a su adhesión y también hacia adelante. La exclusión incluye a funcionarios y empleados con rango de secretario de Estado o superior, tanto a nivel nacional como provincial, municipal y porteño. También alcanza a legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad, concejales y parlamentarios del Mercosur. Además, quedan comprendidos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, junto con integrantes de organismos de control y de enjuiciamiento. El acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro en 2023, también forma parte de la agenda que busca aprobar el oficialismo. El tratado tiene como objetivos ampliar el intercambio comercial, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico. El convenio establece una zona de libre comercio para facilitar el intercambio de bienes y servicios y favorecer las inversiones entre los países participantes. El Senado ya dio su aprobación y ahora resta el tratamiento en la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo. Otro de los proyectos incluidos en la agenda es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que fue aprobado por el Senado en 1998 y todavía no completó su recorrido parlamentario en Diputados. En esta oportunidad, el acuerdo llegará con una modificación vinculada con el Capítulo II, por lo que el proyecto podría regresar a la Cámara de origen. La reserva fue incorporada luego de consultas con laboratorios nacionales y otros sectores productivos, entre ellos empresas vinculadas a la producción de semillas, que habían planteado reparos sobre ese capítulo. El punto cuestionado está relacionado con el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Con la modificación acordada, el Gobierno buscará que el proyecto sea tratado durante la última semana de agosto.