La iniciativa será tratada el próximo lunes en una sesión especial de la Cámara de Diputados y busca adaptar las normas procesales locales al sistema nacional, que comenzó a regir el pasado 5 de septiembre. El proyecto tendrá tratamiento directo en el recinto y pretende garantizar el funcionamiento de la Justicia provincial durante el período de transición, mientras San Juan avanza en la elaboración de una normativa definitiva para los procesos penales que involucren a adolescentes. La decisión de avanzar mediante una ley surgió luego de que la Corte de Justicia analizara la posibilidad de establecer provisoriamente las nuevas reglas a través de una acordada. El objetivo es evitar un vacío normativo y otorgar respaldo legal a los procedimientos que deberán aplicarse durante esta etapa. De esta manera, será la Cámara de Diputados la encargada de aprobar las modificaciones necesarias para que San Juan pueda implementar el nuevo régimen mientras se prepara el marco procesal definitivo. La ley que se debatirá el lunes tendrá carácter transitorio. No será el Código Procesal Penal Juvenil definitivo, sino una herramienta destinada a ordenar el funcionamiento de la Justicia durante el período de adaptación. Uno de los principales desafíos consiste en compatibilizar el nuevo régimen nacional, basado en un sistema acusatorio, con las normas procesales que actualmente utiliza la provincia para abordar las causas en las que están involucrados menores de edad. La adecuación deberá establecer cómo funcionarán durante esta etapa las competencias de jueces, fiscales y defensores, además del procedimiento que deberá seguirse ante una investigación penal que involucre a un adolescente. El cambio también demandará modificaciones en la estructura de la Justicia provincial, con el objetivo de garantizar que las nuevas reglas puedan aplicarse sin generar incertidumbre sobre las competencias y procedimientos. El tratamiento de la próxima semana será apenas el primer paso de una transformación más amplia. En paralelo, San Juan deberá avanzar con la elaboración y sanción de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo, que establecerá de manera permanente las reglas del nuevo sistema. Uno de los puntos que también deberá resolverse es la organización de los órganos encargados de revisar las decisiones judiciales. La implementación del nuevo régimen implica una revisión de la actual estructura de la Justicia de Menores y podría requerir la incorporación de nuevos magistrados especializados. Además, deberán definirse las responsabilidades vinculadas al seguimiento de las medidas alternativas a la privación de la libertad. La intención es que los jueces mantengan la facultad de disponer estas medidas, mientras el Poder Ejecutivo pueda asumir tareas de supervisión y seguimiento. Es así que, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ya creó un área específica de Penal Juvenil y designó profesionales para acompañar el proceso y elaborar informes sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia. De esta manera, la sesión especial del próximo lunes marcará el primer paso legislativo para adaptar San Juan al nuevo Régimen Penal Juvenil. La norma permitirá ordenar la transición, mientras la provincia trabaja en el desarrollo del sistema procesal definitivo y en las modificaciones institucionales necesarias para su implementación.