A seis meses de su entrada en vigencia, la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional continúa atravesada por la incertidumbre en los tribunales. La discusión sobre la constitucionalidad de distintos artículos y el alcance de las nuevas disposiciones todavía no quedó resuelta de manera definitiva, mientras continúan los planteos impulsados por las organizaciones sindicales. El conflicto judicial comenzó durante los primeros meses del año, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó distintas acciones ante la Justicia laboral para cuestionar un conjunto de artículos de la normativa. En una primera instancia, los tribunales dictaron medidas cautelares que suspendieron temporalmente parte de las disposiciones. Posteriormente, una serie de planteos vinculados con la competencia judicial llevó el expediente al fuero Contencioso Administrativo. A partir de nuevas resoluciones, algunas de las suspensiones provisorias fueron dejadas sin efecto y la normativa volvió a aplicarse formalmente. Sin embargo, todavía no existe una sentencia definitiva que establezca el alcance de la reforma y cierre la disputa judicial. En este escenario, especialistas en derecho laboral y corporativo advierten que la falta de una definición de fondo genera distintos criterios entre los tribunales inferiores. Esto lleva a las empresas a avanzar con cautela en la aplicación de algunas de las herramientas contempladas por la reforma. Entre ellas se encuentra el banco de horas, cuya implementación en determinados ámbitos queda sujeta a acuerdos internos y a la relación con las organizaciones sindicales. Para las compañías, además, persiste la preocupación por una eventual mayor litigiosidad y por las consecuencias que podrían surgir de futuras decisiones judiciales sobre la normativa. Así, mientras la reforma continúa formalmente vigente, su alcance definitivo permanece sujeto a las decisiones que adopte la Justicia.