El nuevo plazo otorgado a Manuel Adorni para responder las dudas de la Justicia sobre su patrimonio está próximo a vencer. El exjefe de Gabinete deberá presentar ante el fiscal Gerardo Pollicita las explicaciones solicitadas en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el plazo vence el próximo martes. Sin embargo, la defensa del exfuncionario podría solicitar una nueva extensión de 15 días. Pollicita había enviado a Adorni un cuestionario de 20 preguntas relacionadas con distintos movimientos patrimoniales y financieros detectados durante la investigación. El primer plazo había sido de dos semanas y finalizó el pasado 25 de agosto. El fiscal busca determinar cómo se financió el crecimiento patrimonial registrado por Adorni desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno, en junio de este año. Si las respuestas no logran despejar las dudas planteadas, el exfuncionario podría ser convocado a una declaración indagatoria. En la causa también se encuentra bajo investigación su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo con la información incorporada al expediente, durante el período analizado se acreditaron ingresos del matrimonio por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos registrados alcanzaron los $272,8 millones. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549. A ese análisis se suman unos US$402.578,12 vinculados con operaciones inmobiliarias, refacciones y mobiliario que, según el fiscal, no tendrían correspondencia con los ingresos lícitos comprobados hasta el momento. La investigación también contempla préstamos atribuidos a familiares de Adorni, Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de la compra de un automóvil y distintos gastos relacionados con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Entre los principales puntos que Pollicita pidió aclarar aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, los préstamos familiares y el dinero utilizado para comprar un Jeep. También se solicita información sobre la adquisición del lote 380 del country Indio Cuá y los fondos destinados a remodelar la propiedad. En particular, se busca conocer el origen de los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar. Otro de los puntos está relacionado con la compra y las reformas del inmueble de Miró 550, incluyendo los pagos realizados en dólares y efectivo por muebles y otros trabajos. El fiscal también pidió explicaciones sobre ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias, bienes recibidos mediante herencias o donaciones, dinero utilizado para viajes al exterior y gastos familiares, y la participación de terceros en la compra de bienes o realización de pagos. Entre las consultas también aparecen las operaciones con criptoactivos, los movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales y una serie de comprobantes presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La Justicia además busca determinar cómo se cancelaron determinadas deudas bancarias, quién afrontó los pagos y de dónde provinieron los fondos. A esto se suman consultas sobre honorarios notariales, consumos realizados por personas del entorno de Adorni con tarjetas vinculadas al exfuncionario y una posible compra de un vehículo que no habría sido declarada. Por último, el cuestionario incluye pedidos de información sobre depósitos no salariales recibidos en una cuenta del Banco Nación y sobre los criterios utilizados para establecer el valor de las mejoras realizadas en los inmuebles declarados. Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, la presentación de Adorni será clave para determinar si las explicaciones aportadas permiten despejar las dudas planteadas por la fiscalía o si la investigación avanza hacia una nueva instancia judicial.