La situación de la adolescente de 16 años acusada de matar a su pareja en Chimbas quedó bajo la órbita de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia. Luego de que la joven se negara a declarar durante la indagatoria, una de las principales incógnitas es qué medida se adoptará mientras continúa la investigación. La fiscal Penal de Niñez y Adolescencia, Paula Carena, explicó que el procedimiento tiene diferencias respecto del sistema aplicado a personas adultas y que será el juez quien determine cómo seguirá la situación de la adolescente. El caso se encuentra atravesado por dos normas que actualmente conviven en San Juan. La Ley nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y establece aspectos del nuevo régimen penal juvenil. Sin embargo, la provincia aún conserva su normativa para determinadas cuestiones procesales, mientras avanza la adecuación local. Por este motivo, el juez mantiene a su cargo la investigación relacionada con la adolescente, de acuerdo con las disposiciones que actualmente se aplican en la provincia. Uno de los puntos que deberá definirse es qué medida se adoptará durante los próximos meses. Carena explicó que el régimen provincial vigente no contempla la prisión preventiva para adolescentes bajo los mismos términos que el sistema penal de adultos. La normativa prevé períodos de hasta 60 días para determinadas medidas de alojamiento y abordaje, con la posibilidad de solicitar una extensión por otros 60 días. De todos modos, la decisión sobre qué medida corresponde aplicar quedará en manos del juez. Entre las alternativas que podrían evaluarse aparece el alojamiento domiciliario, aunque no se trata de una medida automática. Antes de disponerla, debería analizarse el entorno familiar y determinar si existen adultos capaces de contener a la adolescente y garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Justicia. Entre esas pautas pueden contemplarse la continuidad educativa, el acompañamiento familiar y otras medidas de seguimiento durante el proceso. "Es una decisión exclusivamente del juez", remarcó Carena al referirse a la posibilidad de que se disponga una medida de este tipo. Otro de los interrogantes está relacionado con el lugar donde permanecerá la adolescente mientras se define su situación procesal. La fiscal evitó informar dónde se encuentra actualmente, con el objetivo de preservar su integridad física y garantizar la protección especial que corresponde por su edad. También aclaró que los adolescentes sometidos a procesos penales no pueden permanecer en comisarías comunes junto con personas adultas. San Juan cuenta desde 2023 con el Centro de Admisión y Derivación (CAD), destinado a recibir de manera provisoria a adolescentes durante las primeras etapas posteriores a una detención. La dificultad se presenta cuando se requieren espacios para alojamientos de mayor duración. Carena explicó que el Nazario Benavídez está destinado a varones, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en la adaptación de otros establecimientos para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Mientras se define la situación de la adolescente, la investigación por el homicidio continúa por distintas vías. La UFI Delitos Especiales intervino inicialmente en las actuaciones relacionadas con la muerte y puede continuar investigando otras circunstancias vinculadas con el hecho, entre ellas un eventual encubrimiento o la posible participación de personas mayores de edad. En paralelo, la investigación relacionada con la adolescente quedó bajo la órbita del juez Toro, de acuerdo con el procedimiento penal juvenil que se aplica actualmente en San Juan. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia, por su parte, participa mediante el pedido de medidas probatorias y las cuestiones propias de su competencia. Carena confirmó que se solicitó la indagatoria de la adolescente y se planteó una calificación legal, aunque evitó brindar detalles sobre la imputación debido a las restricciones destinadas a proteger a los menores involucrados en causas penales. El expediente se tramita además en un contexto de transición hacia el nuevo régimen penal juvenil. Según explicó Carena, el Ejecutivo provincial trabaja en nuevos espacios que deberán adecuarse a las disposiciones nacionales y compatibilizarse con el procedimiento provincial que todavía se encuentra vigente en determinadas materias. Durante el proceso, cualquier medida que se adopte deberá contemplar derechos fundamentales de la adolescente, entre ellos la salud, la educación, el contacto con su familia y el acceso a un abordaje especializado. La negativa a declarar, por lo tanto, no detiene la investigación. Ahora será el juez quien determine cómo continuará la situación de la adolescente mientras se incorporan nuevas pruebas y avanza el expediente por el crimen ocurrido en Chimbas. Su alojamiento, la eventual aplicación de una medida domiciliaria y los plazos previstos por el régimen juvenil serán algunos de los aspectos que deberán definirse en las próximas etapas de la causa.