El Senado convirtió en ley la segunda versión de Inocencia Fiscal, luego de que el proyecto consiguiera el respaldo de 44 legisladores. La iniciativa impulsada por el Gobierno fue acompañada por distintos bloques aliados, mientras que el bloque Justicialista votó en contra. La propuesta reemplaza a la primera versión de la norma, aprobada apenas ocho meses atrás, e incorpora modificaciones en el régimen tributario y en los mecanismos de fiscalización. Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera, en su carácter de miembro informante, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo es modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. "Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto", afirmó. Los 23 senadores del bloque Justicialista rechazaron el proyecto. El titular de la bancada, José Mayans, cuestionó el alcance de la iniciativa y sostuvo que forma parte del programa económico del Gobierno. "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados", señaló. En la misma línea, el senador Jorge Capitanich cuestionó el tratamiento que tuvo la iniciativa en las comisiones. Según planteó, no participaron funcionarios del Ministerio de Economía ni representantes de ARCA, y consideró que las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas que, a su criterio, no tenían relación directa con el proyecto. Uno de los principales cambios de la nueva norma está relacionado con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan excluidos quienes hayan registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La iniciativa también modifica el criterio para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos con los que cuenta el fisco. De acuerdo con lo planteado durante el debate, cuando la diferencia sea del 15% o más pero no supere los $5 millones, dejará de considerarse una discrepancia significativa. El cambio apunta a evitar que diferencias de montos relativamente bajos deriven en determinadas instancias de fiscalización. La ley establece además como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el tapón fiscal. Quienes pretendan utilizar esos mecanismos deberán hacerlo antes de ese plazo, que coincide con el último día del actual mandato presidencial. Otro de los puntos debatidos estuvo relacionado con las restricciones para ministros, secretarios, jueces y legisladores. El senador peronista Fernando Salino propuso ampliar esas limitaciones a las denominadas personas políticamente expuestas e incluir a familiares directos. Su planteo contemplaba que funcionarios y legisladores debieran responder ante ARCA por incrementos patrimoniales, junto con sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en determinados grados. El oficialismo rechazó introducir modificaciones y el proyecto fue aprobado en general y en particular sin cambios. Durante la misma sesión, el Senado también aprobó acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires vinculados con el traspaso de competencias en materia de justicia penal y de menores. El convenio obtuvo 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los senadores santiagueños. El acuerdo establece el traspaso a la Ciudad de la justicia criminal y correccional de menores, que pasará a investigar y juzgar delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. También contempla los casos de adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de mantener una investigación y un juzgamiento unificados. Para los menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales vinculadas con su protección. El senador libertario Gonzalo Coraita sostuvo que el convenio permitirá concentrar en una misma jurisdicción funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre la Nación y la Ciudad. Durante el debate, Capitanich cuestionó el acuerdo desde una perspectiva vinculada con el federalismo fiscal y señaló que la transferencia de competencias se realiza junto con recursos.