El uso de la maltrecha flota presidencial y los fondos públicos para vuelos fue históricamente un tema polémico. Desde este viernes se puso en marcha un mecanismo que obliga a los funcionarios a pasar por el sistema virtual de la Oficina Nacional de Contrataciones, que está bajo la órbita del ministro de Modernización. Esta cartera llevará el control centralizado de todos los vuelos que tomen los funcionarios públicos. De esa manera se comprarán una gran cantidad de horas de vuelo mediante una licitación central por Convenio Marco que facilitará la competencia entre empresas y le permitirá al Estado, según las previsiones que hacen quienes rodean a Macri, obtener precios más bajos. Aunque aún no se definieron los mecanismos, la intención de la Casa Rosada es que este nuevo sistema asigne una cantidad determinada de horas de avión por ministerio, de manera similar a un servicio prepago de telefonía. Una vez que agote su tiempo disponible en el aire, cada cartera deberá iniciar un enrevesado camino para conseguir nuevas autorizaciones, o esperar que venza su plazo. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, sería el encargado último de administrar esos topes. Desde el cambio de mando, en diciembre de 2015, hasta mayo pasado, el Gobierno gastó $ 48,7 millones en el alquiler de charters privados para el traslado del Presidente y su comitiva. En esos 17 meses, la Secretaría General de la Presidencia contrató 23 alquileres para trasladar al Poder Ejecutivo, que cayeron en manos de más de una decena de compañías ganadoras. Entre ellas están Unicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, AIR Tango SA, Bristow US y CT Charter FZE. A la contratación de vuelos charters se suma el gasto en la compra de pasajes en líneas aéreas comerciales, que representa una cifra menor. Por ejemplo, hasta fines del año pasado se habían ido por esa vía $ 5.017.854, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña , en una presentación al Congreso. Fuente: La Nación