"Desde Amnistía Internacional lamentamos que la conformación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para contribuir en la investigación imparcial de la desaparición forzada de Santiago Maldonado no se haya podido concretar. Pero el Gobierno aún está a tiempo de hacerlo", sostiene ante Infobae Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Sus palabras arrastran angustia. Desde hace tres día ella y el equipo del organismo internacional intentan contener a los familiares del joven artesano desaparecido el 1° de agosto y que aún permanecen en Buenos Aires, pero que en las próximas horas volverán a Esquel para interiorizarse de los últimos detalles de una investigación judicial que parece desarrollarse a los tumbos, y que hasta ahora no ha logrado dar con el paradero del tatuador, que no es mapuche, pero que adhería a sus reclamos. Belski recuerda, o informa, que "el pedido de conformación del GIEI formó parte de una solicitud transmitida por la familia Maldonado al Ministerio de Justicia con el espíritu de que se garantice una investigación independiente sobre la desaparición del joven, que cuente con la cooperación y la asistencia técnica a través de la oficina regional de la ONU". Sergio Maldonado, hermano de Santiago, por ahora no lo expresa públicamente, pero se siente ninguneado por la insensibilidad del gobierno nacional, ante la negativa política a que un equipo de expertos internacionales colabore en la causa. Algo similar a lo que ocurrió en México con la desaparición de los 43 estudiantes en el año 2014. "Cada minuto que corre es clave en la búsqueda de Santiago. El Gobierno debe desplegar todas las herramientas necesarias para avanzar en la investigación urgente que dé resultados concretos. La intervención de un grupo de expertos internacionales independientes es una medida en esa dirección. La familia Maldonado necesita respuestas inmediatas. El Estado, al momento, ha demostrado una absoluta incapacidad de lidiar con la adversidad y el caso cada día aparece más complicado. Conformar o no este grupo es una decisión política, todavía posible", razona la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para Mariela Belski, si el gobierno encabezado por Mauricio Macri aceptara la conformación de un equipo de asistencia técnica internacional, "lejos de ceder soberanía nacional, se fortalece al brindar seguridad y transparencia a un proceso de investigación que al momento ha generado muchas suspicacias. La propuesta de la familia y de la ONU es brindar asistencia técnica, lo que de ninguna manera implica sustraer del poder judicial la investigación y mucho menos suplirla". —¿Qué busca la familia Maldonado, a través de Amnistía Internacional y de la ONU, con la conformación de este equipo internacional? —La supervisión de la causa y el apoyo técnico que los expertos internacionales pueden, y que no solo llevaría seguridad y transparencia a la familia, sino a la sociedad toda, que reclama la verdad de los hechos. El GIEI sería garante de una investigación responsable, despojada de estrategias y oportunismos políticos, y destinada a encontrar a Santiago con vida y sancionar a los responsables. El reclamo de Amnistía Internacional llega después de conocerse, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el presidente Macri rechazó conformar una comisión de expertos independientes. El mismo reclamo realizado por Belski también lo hizo ante Infobae Mario Coriolano, el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, y desde hace once años miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "La comisión se tiene que conformar sí o sí, el Gobierno había llegado a un acuerdo con la familia para que esto ocurra y se está incumpliendo", puntualizó. Según pudo establecer este portal, Germán Garavano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, era el impulsor de ese acuerdo y de la conformación del equipo de expertos, y aún lo es. Pero contaría dentro del Gabinete de ministros con la férrea oposición de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del ministro Peña y hasta del propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. De hecho, Garavano ya había acordado un texto marco para este convenio que llevaba como título provisorio "Acuerdo de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado". Lo había pactado nada más y nada menos que con el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra; con la familia de Maldonado; con la abogada que los representa como querellantes en la causa que se tramita en los juzgados federales de Esquel, Verónica Herrera, y el propio Coriolano, que firmaría el documento en calidad de "testigo" del acuerdo. En el marco del acuerdo que finalmente se dinamitó, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba habilitado para supervisar las acciones de búsqueda iniciadas por la supuesta "desaparición forzada" de Maldonado, según la carátula de la causa; se respetarían todas las normativas argentinas vigentes y la labor de los jueces y fiscales intervinientes en los expedientes. Los familiares también se comprometían a brindarles a los integrantes del GIEI toda su colaboración para llegar a buen puerto en la búsqueda y aparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, la aparente presión de Bullrich –la jefa política de Gendarmería Nacional, bajo la lupa por la participación de esos efectivos en el desalojo del piquete ubicado en la Ruta 40– y la persecución realizada contra un grupo de mapuches, que eran apoyados por Maldonado, terminaron ganando la pulseada. Fue el propio Marcos Peña quien el martes 12 de septiembre, tal como adelantó Infobae, le comunicó el rompimiento del principio de acuerdo al representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas. Y Garavano lo hizo, con un dejo de fastidio y resignación, ante los familiares y Amnistía Internacional. El acuerdo para la conformación del GIEI era una manera de demostrar voluntad política por parte del Poder Ejecutivo Nacional después de que la familia Maldonado le entregara al Ministerio de Justicia un petitorio con varios puntos, entre ellos, que "se garantice una investigación independiente" sobre la desaparición del tatuador que cuente con la "cooperación y la asistencia técnica" a través de la "oficina regional de la ONU" y la participación de "expertos independientes", máxime cuando se sospecha que quienes hicieron desaparecer a Maldonado podrían haber sido integrantes de Gendarmería. El rompimiento del acuerdo que ya estaba plasmado en dos carillas, pero que aún no se había refrendado, llegó 24 horas después de que se incorporaran a la causa algunas pruebas de ADN que indicaban que no había rastros de Santiago Maldonado en las camionetas y vehículos de Gendarmería peritadas –aunque aún faltan otros– que habrían participado del cuestionado operativo contra el grupo de mapuches el 1 de agosto ordenado por el juez federal de Chubut, Guido Otranto. Desde el gobierno nacional solo dejaron trascender que se desistió del apalabrado acuerdo con la familia y los organismos internacionales porque "hay significativos avances en la causa". Sin embargo, a 44 días de su desaparición, aún no hay noticias sobre el paradero de Santiago Maldonado. FUENTE: Infobae