La adquisición de Monsanto por parte de Bayer no supondrá una flexibilización por parte de esta última empresa del reclamo al cobro de regalías por las innovaciones en la ingeniería genética en semillas en la Argentina, según el jefe de Operaciones Comerciales de Bayer Crop Science, Marc Reichardt. "Me han preguntado en la Argentina si nosotros vamos a ser más flexibles [que Monsanto]. La pregunta está mal hecha, la pregunta que se tienen que hacer los productores y la sociedad es si van estar dispuestos o no a seguir en el camino de la innovación y del desarrollo", dijo. "Estamos frente a un mundo que va a traer un montón de cambios en el manejo de la agricultura, en maquinaria y en todo lo que nos podamos imaginar. Si queremos aprovechar ese momento tenemos que desarrollar un marco regulatorio que permita florecer a una sociedad d El conflicto por la propiedad intelectual en soja y trigo -cuyos granos pueden utilizarse como semillas sin perder calidad en el ciclo de siembra posterior a la cosecha- viene de larga data. La industria de semillas reclama una actualización de la ley de semillas, aprobada en 1973, cuando la biotecnología agrícola no se había desarrollado. La norma permite el uso gratuito de las semillas en las campañas posteriores a su uso. La mayor puja está en la soja. El conflicto recrudeció el año pasado, cuando Monsanto introdujo en el país la soja Intacta, que le agrega a la resistencia al glifosato el control de insectos, y puso en marcha un sistema de control de grano que provocó el rechazo de las entidades rurales y la desaprobación del Ministerio de Agroindustria, que argumentó que así ocupaba el papel del Estado. Tras esa oposición, la compañía norteamericana retiró del país el desarrollo de otra soja resistente al herbicida dicamba (X-Tend). No obstante, Agroindustria comenzó a restringir el uso gratuito de semillas con la obligación a los productores de informar sobre el uso. Al mismo tiempo, envió al Congreso un proyecto de nueva ley de semillas que apenas comenzó a ser discutido en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja. Hace unos meses, Agroindustria propició una negociación entre ruralistas y la industria para llegar a un consenso. "Tenemos que hablar sin tapujos con los productores para que digan ellos cuánto están dispuestos a pagar por la tecnología", dijo Reichardt. "Respetamos las decisiones de cualquier gobierno o colectivo social, pero nosotros también consideraremos si nos conviene vender en un país una tecnología por la que no tenemos retorno", añadió el ejecutivo. Según sus estimaciones, desarrollar un producto biotecnológico en semillas o un nuevo producto agroquímico lleva alrededor de diez años y una inversión aproximada de 100 millones de euros. "Una compañía como Bayer invierte el 12% de sus ventas en investigación y desarrollo; es entendible que quiera tener un retorno a la inversión", señaló. Fuente: La Nación