El jefe de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois llamó a una marcha a las 19 en Plaza de Mayo "contra la política de represión y la persecución a opositores que impulsa el Gobierno". La convocatoria se hace a poco de que el juez federal Claudio Bonadio procesara con prisión preventiva a Cristina Kirchner y pidiera su desafuero, en la causa por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, como lo denunció Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto. "Llamamos a una convocatoria para las 19, sin banderas partidarias, por el estado de derechos, la democracia, que el pluralismo sea una realidad", planteó Grabois, un dirigente muy crítico del Gobierno y cercano al Papa Francisco. "El Gobierno está de acuerdo con esta decisión, la fogonea cuando debería repudiarla", acusó Grabois en Radio 10, a pesar de la prudencia del oficialismo con respecto al pedido de Bonadio. "Hay dos alas en el Gobierno. Una con un programa económico de derecha y cultural con el que no estoy de acuerdo, pero que tiene respeto por la democracia, y un ala revanchista, que se está consolidando en los últimos meses", criticó Grabois. "En este momento creo que el que calla otorga", afirmó. La CTEP es una de las organizaciones que ayer participó de la movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo para manifestarse en contra de las reformas laboral y previsional propuestas por el Gobierno. Además de las medidas sobre Cristina, Bonadio dispuso la prisión domiciliaria para el excanciller Héctor Timerman y las detenciones del exSecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente piquetero Luis D'Elia, el dirigente iraní Jorge "Yussuf" Khalil y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche, que todavía no fue localizado por la policía. El juez también ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del exjefe de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, de su segundo Juan Martín Mena, del diputado de La Cámpora Andrés Larroque y de la exProcuradora del Tesoro Angelina Abonna. Ninguno de ellos podrá salir del país. La investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación. FUENTE: TN