El fiscal federal Ramiro González se pronunció a favor del pedido de eximición de prisión que presentó la defensa de Aníbal Fernández, después de que fuera denunciado por "insolvencia fraudulenta" en la causa por el "Plan Qunita". Ahora resta la definición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado investiga la presentación contra el exjefe K de Gabinete, acusado de haber vendido dos autos a pesar de la inhibición general de bienes que había dispuesto la Justicia. Justamente por ese delito podrían pedir el arresto de Fernández. El dirigente había sido denunciado por la fiscal Gabriela Baigún por "insolvencia fraudulenta", por haber vendido un Toyota valuado en $ 450 mil y un BMW tasado en $ 634.500. De acuerdo a la investigación ambos vehículos formaban parte del patrimonio del exfuncionario K y habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes". Al momento del dictado de la inhibición general tanto el exjefe K de Gabinete como otros imputados aseguraron que carecían de bienes para afrontar embargos. Aunque una investigación demostró que los imputados poseían 21 vehículos, ocho embarcaciones y acciones en trece sociedades comerciales, además de fondos en cuentas bancarias. El delito de insolvencia fraudulenta prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Fernández está procesado en la causa Qunita por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En el expediente se investigan sobreprecios en la compra de los elementos de kits para madres en situación de riesgo social. Entre las irregularidades se advierten el otorgamiento de la licitación por más de $ 1.000 millones a seis empresas sin antecedentes en la materia. Según la acusación se habría diseñado un pliego "a medida" y "direccionado" la licitación para que ganaran seis empresas, que se dedican a actividades inmobiliarias, de la construcción, gráfica e informática. La causa fue enviada a juicio oral hace un año.