El oficialismo decidió cerrar filas y defender en el Congreso el polémico megadecreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri. Lo hará el martes próximo en la comisión bicameral, en donde tiene el número suficiente para emitir dictamen a favor de la medida. Sin embargo, y ante la eventualidad de que la oposición reúna el número para derogarlo en ambas cámaras, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de un plan B: impulsar como proyectos de ley, a partir de marzo, los temas que generen mayor rechazo. En ese sentido, ya hay canales de negociación abiertos con el peronismo no kirchnerista para tratar de evitar que las críticas al DNU 27/2018 se conviertan en votos de rechazo en ambas cámaras. La estrategia oficialista fue decidida ayer en una reunión en la Casa Rosada de la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y los miembros de Cambiemos de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Por el Gobierno participaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y funcionarios de la Anses y de la cartera de Producción, coordinados por el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, quienes explicaron los alcances del decreto ómnibus firmado por el Presidente en los primeros días de enero. La delegación parlamentaria estuvo integrada por los senadores Luis Naidenoff (UCR-Formosa), que presidirá la bicameral a partir del martes próximo, Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) y Pedro Braillard Poccard (Cambiemos-Corrientes), y los diputados macristas porteños Pablo Tonelli y Fernando Iglesias. También participó el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Nicolás Massot (Córdoba). "Llegué con muchas dudas y salí tranquilo; el decreto es muy coherente", afirmó uno de los legisladores para dar una idea de la tónica del encuentro. Entre los legisladores hubo coincidencia en destacar que los funcionarios se encargaron de explicar los alcances de las medidas, haciendo especial hincapié en la eliminación de trabas burocráticas. En ese sentido, defendieron con énfasis la necesidad de agilizar el avance de la concreción de obras públicas mediante el sistema de participación público-privada (PPP). También justificaron la habilitación para embargar cuentas sueldo a partir de determinado monto (el equivalente a tres salarios promedio del titular de la cuenta) para facilitar el acceso al crédito en el sistema bancario. El controvertido decreto de necesidad y urgencia tiene cerca de 400 fojas y modifica 19 leyes, seis decretos y dos decretos ley. Además, deroga 15 leyes, decretos y decretos ley y abroga otras tres normas. Sus disposiciones afectan a ocho ministerios, la Anses, el Banco Central y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En ese sentido, y más allá de la coincidencia en su defensa, en el debate entre funcionarios del Gobierno y legisladores quedó en claro que hay algunas medidas que serán más difíciles de defender que otras. El análisis puso en la lista de temas polémicos los cambios introducidos en regulaciones fitosanitarias, portuarias, de aviación civil y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Los funcionarios hicieron una enfática defensa de la habilitación al FGS para participar en el circuito financiero.