El re-lanzamiento del programa Progresar por parte del presidente, Mauricio Macri, ha desvirtuado la esencia, el programa original. Y ha significado una vez más un “falso” paso hacia adelante. Justamente, el Progresar surgió en 2014 como un derecho y para garantizar un piso de protección social para los estudiantes de secundaria, universidad y de oficios sin discriminación de carreras ni promedios. Si bien en la Argentina, la educación es pública y gratuita -además de laica- estudiar implica muchos gastos; colectivo, libros, materiales (cuadernos, carpetas, etc), indumentaria deportiva, fotocopias, etc. A eso hay que sumar el tiempo necesario para estudiar, sí, el tiempo. Pensemos en quienes deben trabajar para poder solventar sus gastos para estudiar, que en nuestro país son muchos. De ahí viene uno de los dilemas: tiempo para estudiar vs. tiempo para trabajar, sabiendo que sin trabajo no hay dinero y sin dinero no hay acceso al estudio; y si lo hay, las posibilidades de obtener un alto rendimiento académico son menores. Esto último se ve más fuertemente en los estudiantes terciarios, de oficios y universitarios. Para el “mejor equipo de los últimos 50 años”, palabras propias del Presidente, parecería ser que no hay diferencia entre  1) políticas de protección de derechos y 2) políticas de fomento y de especialización, y son cosas bien distintas. En el primer caso, el de la protección social, se entiende el acceso a la educación como un derecho ciudadano, que debiendo ser garantizado por el Estado, orienta sus políticas a equiparar las diferencias que pueden atravesar las trayectorias educativas de los sujetos/ciudadanos, para que tengan efectivamente “igualdad de oportunidades”. Este caso está lejos de pensarse en términos opuestos al mérito, simplemente significa que no pueden “competir” con idénticas oportunidades aquellos que no tienen asegurado el mismo punto de partida. En el segundo caso se trata de políticas de fomento y de formación profesional en áreas estratégicas como por ejemplo el programa Bec.Ar, las becas de investigación del CONICET, o del Instituto Nacional del Cáncer o las Carrillo – Oñativia en salud y tantas otras en diversas áreas. Acceder a estas mencionadas becas era por antecedentes (donde el mérito al mejor promedio está presente) y por proyecto. Hoy vemos, con preocupación y con ocupación, la nueva orientación de las políticas del gobierno nacional. Como diputada he defendido derechos y he insistido con proyectos de ley, de informes y debate que se constituyen como advertencia y denuncia ante un “NiNi” estatal. El NiNi del gobierno nacional, que Ni garantiza el derecho de acceso a la educación y Ni profundiza la formación de los jóvenes profesionales en aéreas estratégicas para el país. A esta situación hay que sumar las bajas injustificadas del Progresar durante 2016 y el desmantelamiento de la red de tutores interministerial que trabajaba junto a los jóvenes estudiantes. En definitiva, el Progresar es (o a partir de ahora, “era”) un derecho, no un plan, no una beca. Su nombre lo decía: Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos. NOTICIA RELACIONADA: Así es el nuevo Progresar: más dinero para el que más materias apruebe por año