En la jornada de hoy, la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Anticorrupción abrieron el debate público de la reforma de la ley 25.188 de Etica Pública (1999).  En esta reforma, se proponen algunos criterios más estrictos para los funcionarios en materia de conflictos de intereses y en la prohibición de designar familiares en la jurisdicción donde desempeña sus funciones. En el borrador elaborado, se recomienda que tampoco senadores, diputados y miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal puedan nombrar parientes en su ámbito laboral. Además el documento propone que la Oficina Anticorrupción sea autárquica en su presupuesto y que la elección de su titular sea mediante mecanísmo público, con un mandato de 5 años de duración. La única excepción a estas prohibiciones mencionadas en el borrador son las designaciones por concurso público de antecedentes. Si las personas ya se encontraban cumpliendo funciones al momento de la asunción de un familiar, solo podrán ser promovidas si se cumplen los requisitos y procedimientos previos.