El juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresa en una etapa decisiva, ya que el fiscal Diego Luciani pedirá la condena contra la expresidenta en lo que se presume una pena alta dentro de la investigación por la causa Vialidad. Entre las acusaciones formuladas por el fiscal contra Cristina se encuentran la de ser jefa de una asociación ilícita, de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Algunas especulaciones hablan de que la fiscalía pedirá una pena de hasta quince años de prisión. Según lo detalló TN, Luciani planteó en diversas ocasiones en los alegatos que Báez “era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, en relación a los expresidentes. En el alegato del viernes, los fiscales Luciani y su par Sergio Mola dieron por probado que durante 2003 y 2015 hubo arbitrariedad de los gobiernos kirchneristas y que hubo manejos de modo arbitrario para beneficiar a Báez con el direccionamiento de contratos. Luciani estableció que fueron “doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes” en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en los que advirtió que se “realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”. Dijo que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”. Según lo explica Infobae, la expectativa para este lunes estará centrada en el total de años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina. Otro de los elementos que dan por sentado es que se solicitará que la vicepresidenta no pueda ejercer más cargos públicos. En tanto, dos de los acusados en el juicio, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ya tienen condena de inhabilitación. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la tragedia ferroviaria de Once y López recibió la pena seis años de prisión y la imposibilidad de volver a la función pública por los bolsos con los nueve millones de pesos. Ambas condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y se encuentran en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no están firmes.