Apenas finalizada la feria y retomada la actividad judicial, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a sumar presión sobre la Corte Suprema. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, amplió este miércoles la recusación de los cuatro miembros del máximo tribunal, que en diciembre le ordenaron al Ejecutivo nacional restituirle a la Ciudad de Buenos Aires una parte de los fondos de la coparticipación que le había recortado previamente. Zannini, uno de los funcionarios más cercanos a Cristina Kirchner, justificó el pedido de apartamiento en el juicio político que impulsa el Frente de Todos en el Congreso contra los jueces de la Corte, y en supuestos vínculos del máximo tribunal con el Gobierno porteño. Antes del inicio de la feria judicial, en diciembre, el Gobierno recusó a los miembros de la Corte porque, al hacer lugar a la cautelar solicitada por la administración porteña, habrían adelantado su opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, si los recursos le corresponden a la Ciudad. En simultáneo, el Ejecutivo nacional pidió “revocatoria in extremis” de fallo, es decir, que el máximo tribunal suspenda su propia decisión previa. Ahora, el procurador del Tesoro consideró que existen nuevos hechos para pedir la recusación. Por un lado, los supuestos mensajes que intercambiaron Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Por el otro, el juicio político que el oficialismo abrió en la Cámara de Diputados, que busca la destitución de los cuatro miembros del máximo tribunal. También en diciembre, el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta denunció ante la Corte el incumplimiento del fallo y le reclamó que se “arbitren las medidas necesarias” para hacerlo efectivo. En principio, el Ejecutivo de la Ciudad esperaría ahora, a que el máximo tribunal tome una resolución antes de realizar nuevos planteos. Los cuatro miembros del máximo tribunal retomaron la actividad este mismo miércoles. Respecto a los planteos nacionales, fuentes del Palacio de Tribunales conocedoras del funcionamiento de la Corte ya advertían en diciembre que, por un lado, el máximo tribunal no suele revisar sus propios fallos o los fundamentos jurídicos de una resolución. Por otro lado, señalaban, las recusaciones o el apartamiento del juez del proceso se plantean antes de la finalización de un proceso, no luego del fallo, sobre todo teniendo en cuenta que los propios funcionarios nacionales reconocieron de algún modo la competencia de los magistrados al participar de las reuniones conciliatorias con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Zannini insistió en que la recusación de los jueces de la Corte sea resuelta por conjueces elegidos entre los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales y que los miembros del máximo tribunal se excusen de intervenir.