Presionado por la oposición y con el objetivo de aprobar la Ley Ómnibus en el transcurso de esta semana, el Gobierno decidió postergar algunos puntos para ser tratados en sesiones ordinarias e introducir modificaciones en otros. Entre los cambios, eliminó a la petrolera YPF del listado de empresas a privatizar. Al mismo tiempo, en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que "el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa" a través de "la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". El nuevo texto también mantiene "la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad". Además se incorporó expresamente la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones creada por la Ley 23.696 de Reforma del Estado, la cual seguirá todos los trámites relacionados con los procesos de privatización.