El director de ANSES, Mariano de los Heros, que depende del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el destino de más de 118 millones de pesos que integraban un fondo que debían ser asignados a obras de desarrollo productivo y que el gobierno anterior habría asignado de manera discrecional y sin cumplir requisitos mínimos de transparencia en la ejecución. El organismo previsional presentó la denuncia para que se investigue la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), por haber encontrado “inconsistencias y discrecionalidad tanto en la elección del destino de los fondos, como en la operatoria de rendición de los mismos”. Por una denuncia similar a esta, presentada también por el organismo que conduce Pettovello, tomó estado público el escándalo de los seguros, que salpicó a Alberto Fernández y su círculo más cercano de amigos y funcionarios, y que luego derivó en la difusión de los chats entre el ex presidente y su pareja, Fabiola Yañez, y la denuncia de violencia de género y comportamientos inapropiados para un jefe de Estado. De acuerdo con los detalles de la acusación, a los que accedió Infobae, los fondos que habrían sido desviados a fines no previstos por la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por Índice de Precios al Consumidor desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”. Según la Ley N° 27.574, el FAE está integrado por las transferencias de los honorarios de funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tenga participación accionaria. También, dispone que “los activos que integran dicho fondo deben destinarse a la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, para el desarrollo sustentable de la economía nacional y los controles que deben aplicarse para la transparencia en su administración”. La denuncia, en base a lo que informó el Ministerio de Capital Humano, involucra al menos veintidós hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y podrían quedar encuadrados en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”. “Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país se encuentra adherida, ya que denotarían una administración discrecional e injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a ANSES y al FAE”, se indicó. Al respecto, De los Heros resaltó que desde el inicio de la actual gestión se viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano “en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones” y en ese proceso “hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos”. “No podemos ni debemos tolerar que el dinero de los argentinos, y en especial de nuestros jubilados, sea utilizado con fines políticos. Es mandato del presidente, Javier Milei, llevar a la justicia cada situación de posible corrupción que encontremos”, consideró. Según se describe en la denuncia, de los 22 hechos detallados se desprende que los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley N° 27.574, y tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir dichos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión y que impedirían la utilización caprichosa de los fondos para fines distintos a los que la ley prevé”. Entre esos proyectos denunciados en la justicia federal -recayó en el juzgado de Sebastián Casanello- destacan: “Financiamiento a La Casa del Bicentenario para la compra de un celular, alimentos, bebidas, artículos de librería y pago de honorarios a talleristas”. “Financiamiento y pago de los pasajes aéreos y los gastos relacionados a la participación de una joven oriunda de Mar del Plata en el curso “Reporteando desde la Gran Ciudad” de la Academia de Verano del diario estadounidense The New York Times. “Financiamiento para los traslados ida y vuelta desde distintos puntos del país de 600 jóvenes hasta la ciudad de Mar del Plata, que incluyen el hospedaje con pensión completa, servicios de traslados y viandas para distintas actividades”. “Financiamiento a la Asociación Civil “En comunidad, con la fuerza del mar” para la realización de talleres cubriendo gastos de honorarios a profesores de skate, equipamiento de skate, viáticos a Pinamar, refrigerios para las actividades, señalética y tachos de basura, equipamiento tecnológico, sonido, viáticos a DJ y banda para la actividad de cierre”. “Financiamiento para la construcción de composteras, cestos de basura y contenedores de basura para separación de residuos en conjunto con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 Ing. José R Cantón de Brandsen”. Según la denuncia penal presentada por el Ministerio de Capital Humano basado en las auditorías de la ANSES, la gestión anterior habría incurrido en las siguientes irregularidades: “Falta de inclusión de instancias de control”. “Falta de documentación” en las rendiciones. “Discrepancias entre el importe rendido y lo desembolsado”. “Falta de rendiciones correspondientes a las actividades, proyectos e iniciativas, e inspecciones sobre la finalización de obras relacionadas a los proyectos”, entre otras presuntas irregularidades. Los hechos expuestos en la presentación judicial de 60 fojas configurarían los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.