La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes 3 de marzo una presentación ejecutada por una ONG para dejar sin efecto el pago que obliga a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la estatización de la petrolera YPF llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Kirchner. La magistrada consideró que esta presentación llegó fuera de tiempo, según el fallo que se divulgó por el Sebastián Maril, el experto que sigue el tema con mucho detalle. En su decisión, la jueza sostuvo que no respetó el plazo de un año que se tenía para hacerlo. La fundación Republican Action for Argentina había solicitado a la jueza estadounidense a que anule el fallo por el que se condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF. La presentación fue ejecutada el pasado 17 de febrero y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ratificó una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. El director de Research for Traders, Daríos Epstein, manifestó que "aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a la salvar US$ 16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio". "El tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente". El caso comenzó en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron a la demanda después de adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas dos sociedades antiguamente pertenecieon al grupo argentino Petersen de la familia Eskenazi, la cual tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York. Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino tuvo que lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol. La jueza mencionó el caso D'Amato contra Deutsche Bank para argumentar que una intervención presentada más de un año después del inicio del proceso no es válida. También hizo referencia a Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., estableciendo que el interés del solicitante debe ser directo y no dependiente.