La fuga de 17 detenidos de la Alcaldía 9, ocurrida en la madrugada del martes en Liniers, provocó una profunda crisis en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Para esclarecer lo sucedido, el Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, ordenó una investigación exhaustiva que estará a cargo de Lorena San Marco, titular de la Fiscalía de Violencia Institucional e Integridad Policial. El objetivo principal es determinar las responsabilidades internas en la Policía de la Ciudad y las causas que permitieron la fuga masiva. Según fuentes judiciales, la investigación abarcará desde las fallas operativas hasta el rol de la cúpula policial. En respuesta a este grave episodio, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, tomó medidas inmediatas: desplazó de sus funciones al jefe y subjefe de la fuerza, los comisarios generales Pablo Kisch y Jorge Azzolina, reemplazándolos por Diego Casaló y Carla Mangiameli, respectivamente. Las autoridades del Ministerio de Seguridad, encabezadas por Wolff, su secretario de Seguridad Ezequiel Daglio y el jefe de Gobierno Jorge Macri, llevaron a cabo una reunión urgente para analizar el operativo de recaptura de los evadidos y tomar decisiones sobre el futuro de la fuerza policial. Acciones en marcha Para evitar nuevos incidentes, se reforzaron los controles en las alcaidías y la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías intensificó las requisas. Además, se iniciaron investigaciones para determinar fallos estructurales y operativos en el sistema de detención porteño. Este episodio no es aislado. En menos de un mes, se produjeron otras dos fugas: 11 detenidos escaparon de una comisaría en Barracas y otros dos huyeron del Centro de Contraventores de Pompeya. Ambos casos ya habían llevado al desplazamiento de Sebastián Vela, responsable civil del ministerio, y Martín Ochoa, director de Alcaidías. Con estas acciones, el Gobierno porteño busca recuperar el control de la situación y prevenir nuevos hechos que pongan en jaque la seguridad en la ciudad.