En el 2024, el gobierno de Javier Milei propuso un ajuste económico de shock con el objetivo de poder alcanzar el equilibrio fiscal y “sincerar” los precios relativos que se vieron afectados por la gestión pasada. A medida que el 2025 avanza y las elecciones se perfilan en el horizonte, entre los funcionarios predomina la idea de poder adoptar un enfoque más gradual con respecto a los ajustes económicos. En el ámbito de las tarifas de electricidad y gas natural, el gobierno determinó que, pese a que los aumentos seguirán de forma mensual, los incrementos acumulados este año se tendrán que alinear con la tasa de inflación. Este enfoque busca mitigar el impacto en los usuarios, equilibrando la quita de subsidios y los incrementos de las tarifas de las empresas que son prestadoras de servicios públicos. Fuentes oficiales aseguraron que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó esta directriz a Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, y que la ejecución va a recaer en la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a su equipo. Además, el gobierno tendrá que decidir cómo ajustar los aumentos en los costos de distribución y transporte que las empresas van a poder aplicar durante los siguientes cinco años a cambio de inversiones para mejorar la calidad de los servicios. Este ajuste se verá reflejado en las boletas finales a partir de abril de 2025, con un límite estipulado para que el traslado a las facturas no supere el 10% en todo el año. A largo plazo, el gobierno tiene como principal objetivo establecer un sistema de actualización mensual automática para las tarifas, lo que garantizará ingresos constantes para las empresas y permitirá un ajuste más predecible en los costos energéticos. Pese a ello, este cambio marca una gran diferencia con los aumentos discrecionales que se aplicaron en el 2024, los cuales, después de años de congelamiento, querían desacelerar la inflación sin éxito.