El juez de Garantías Roberto Montilla dictó este jueves un mes de prisión preventiva para el pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda y para Karen Elizabeth Heredia, una de sus feligresas, acusados de estafas vinculadas a la supuesta venta de carpetas para acceder a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Además, el magistrado ordenó el embargo e inhibición de bienes y cuentas bancarias de ambos imputados, a pedido del fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui. Según explicó, esta medida busca garantizar el cumplimiento de una eventual condena económica. La investigación se inició tras una denuncia realizada el 28 de marzo. Luego de reunir diversas pruebas, Balmaceda y Heredia fueron detenidos el pasado lunes. Según detalló el Ministerio Público, la mujer habría llegado en noviembre a la iglesia “El Sheddai” en Chimbas y, poco después, comenzó a ofrecer carpetas para acceder a viviendas del IPV a cambio de pagos cercanos a los $700.000. Hasta el momento, se registraron siete denuncias formales, aunque los investigadores creen que hay más damnificados, ya que existía un grupo de WhatsApp con al menos 50 personas interesadas en conseguir su casa propia. Durante la audiencia, Balmaceda intentó desvincularse de las maniobras y responsabilizó a Heredia, alegando que él solo actuó como intermediario y que nunca recibió dinero. “Yo no quise dañar ni estafar a nadie. Solo fui un intermediario y estoy muy arrepentido”, declaró el pastor, quien también afirmó que pidió a sus fieles que esperaran y no denunciaran porque creyó que la propuesta era legítima. Heredia, por su parte, se abstuvo de declarar. Sin embargo, durante un allanamiento a su domicilio, la Fiscalía encontró documentación de unas 50 personas, recibos presuntamente firmados por un exdirector del IPV y comprobantes de transferencias a su cuenta bancaria, lo que complicaría aún más su situación judicial. La Fiscalía había solicitado tres meses de prisión preventiva, pero finalmente el juez dispuso un mes. En tanto, los abogados defensores de los acusados, Horacio Merino y Alejandro Castán, pidieron la libertad de sus clientes o el arresto domiciliario, señalando que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Ambos defensores adelantaron que recurrirán la medida ante el Tribunal de Impugnación.