La jornada de ayer resultó especialmente adversa para el juez Roberto Jorge Montilla (56), quien recibió dos fallos en contra en medio del escándalo que lo involucra por presunto tráfico de influencias. El magistrado está acusado de haber intervenido indebidamente para beneficiar a un amigo suyo de 84 años, que se encontraba detenido, intentando que fuera trasladado desde la Seccional 4ta a una residencia de adultos mayores debido a problemas de salud. El primer golpe llegó por la mañana, cuando el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, desestimó la denuncia que Montilla había presentado el viernes anterior. En esa denuncia, el juez apuntaba contra el fiscal Iván Grassi —quien lo investiga— por supuesta filtración de pruebas, injurias y incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, Micheltorena consideró infundada la denuncia y criticó duramente al magistrado. Aseguró que Montilla no aportó pruebas sólidas que respalden sus acusaciones y cuestionó su "ignorancia del derecho". Además, explicó que investigar a medios por la filtración de un video violaría la Constitución y tratados internacionales, y que las acusaciones formuladas eran atípicas, es decir, no encuadraban dentro de figuras penales. El segundo traspié se produjo al mediodía, cuando el juez Pablo León rechazó un pedido de la defensa de Montilla para frenar el inicio de la Investigación Penal Preparatoria. El defensor oficial, Alejandro Martín García, había argumentado que su defendido se enteró por la prensa de que estaba siendo investigado, y que la difusión del video de su presencia en la seccional vulneraba sus derechos. El fiscal Grassi, acompañado por el fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes Agostina Pérez y Adrián Elizondo, se opuso a ese planteo y pidió avanzar con la investigación. El juez León coincidió y dio luz verde al proceso que se extenderá por seis meses, en el que Montilla será investigado por presunta usurpación de títulos e incumplimiento de deberes de funcionario público. De esta forma, se abre una situación sin precedentes: Montilla continuará ejerciendo como juez, pero a la vez será investigado penalmente. La Corte de Justicia ya ha iniciado un sumario administrativo y no se descarta una posible suspensión.