El comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza, presentó oficialmente la Política Nacional de Construcción Naval, una ambiciosa estrategia destinada a fortalecer los astilleros y la industria marítima en distintas regiones del país. La propuesta fue expuesta ante autoridades del Reino Unido, lo que generó preocupación en Argentina debido al trasfondo geopolítico que implica la relación británica con las Islas Malvinas. Durante la presentación, De la Maza destacó su intención de expandir la construcción naval en ciudades clave como Arica, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, además del reconocido astillero ASMAR en Talcahuano. “Queremos impulsar la construcción naval como un elemento fundamental del desarrollo nacional en todo el país”, expresó, subrayando que la iniciativa busca generar independencia tecnológica y empleo regional. “Sin duda serán polos de desarrollo creativo y productivo. Esta política es un incentivo real para la reactivación productiva del país”, agregó, citando experiencias internacionales que muestran cómo este tipo de políticas dinamizan las economías locales. El anuncio y la participación del Reino Unido en el marco de esta política encendieron alertas en sectores diplomáticos y de defensa de Argentina. Temen que una posible cooperación en materia naval entre ambos países pueda tener implicancias en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, especialmente por la relevancia estratégica del Atlántico Sur. Con estos movimientos, la región vuelve a situar la cuestión Malvinas en el centro del escenario, en un contexto donde los vínculos bilaterales se siguen observando con atención desde ambos lados de la Cordillera. Una fuente diplomática argentina advirtió sobre esta preocupación, señalando: “Esto siempre ha sido algo que hemos tratado de obturar”. Además, destacó que desde el inicio del gobierno de Javier Milei ha habido “preocupantes novedades” relacionadas con movimientos marítimos y reparaciones de barcos en puertos de naciones vecinas. Según esta misma fuente, los actos unilaterales del Reino Unido violan la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llama a evitar modificaciones en la situación de las islas en tanto no se resuelva la disputa de soberanía. En ese sentido, se denunció el silencio del gobierno argentino frente a tránsitos considerados ilegales y acuerdos que podrían fortalecer la presencia británica en el Atlántico Sur. “Se está escalando de manera muy significativa las posibilidades de que se brinden tareas de asistencia en mantenimiento”, advirtieron, indicando que estos hechos son contrarios a los intereses nacionales.