El Tribunal de Impugnación de San Juan confirmó este lunes la condena a 10 años de prisión para el sacerdote Walter Bustos, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de un menor de 15 años en al menos dos ocasiones, en la casa parroquial de Valle Fértil, entre octubre y noviembre de 2017. Los jueces Maximiliano Blejman, Ana Lía Larrea y Renato Roca ratificaron el fallo emitido el 8 de octubre pasado por los magistrados Silvina Rosso de Balanza y Martín Heredia Zaldo, quienes revocaron la absolución inicial del religioso y resolvieron condenarlo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de ministro de culto religioso. Según la acusación, Bustos se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima y lo corrompió sexualmente. Durante el juicio, se valoraron múltiples pruebas, como el testimonio del joven denunciante —considerado creíble por psicólogas forenses—, el relato de otro joven que dijo haberse alejado de la Iglesia tras un intento de abuso por parte del sacerdote, cruces telefónicos que ubicaron a Bustos en el lugar de los hechos, y la declaración de religiosos a quienes la víctima les confió lo ocurrido. El defensor del sacerdote, Joaquín Moine, había solicitado la nulidad del fallo y su revisión, alegando violación de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el principio de inocencia y el debido proceso. También sostuvo que se le otorgó un valor desmedido al testimonio de la víctima y que no se valoraron pruebas de descargo, como fotos y testigos que situaban al imputado fuera del lugar de los hechos. Sin embargo, el tribunal consideró que esas evidencias no lograron desvirtuar los elementos probatorios clave de la causa. Con esta confirmación, a Bustos solo le queda acudir a la Corte de Justicia para intentar revertir la sentencia. Si el fallo queda firme, la pena se unificará con otra condena previa: en 2023, la Corte le impuso 3 años de prisión por el abuso sexual simple de otro menor en 2017. En ese caso, también se aplicó el agravante por su rol como ministro religioso. La Iglesia Católica, por su parte, mantiene suspendido al sacerdote y ha iniciado un sumario interno en paralelo a la causa judicial.