Rubén Martín González, señalado como el principal implicado en una causa por múltiples estafas vinculadas a operaciones inmobiliarias, posee 39 propiedades a su nombre, todas embargadas por orden judicial. Según confirmaron fuentes ligadas a la causa, estos bienes están alcanzados por medidas cautelares en el marco de más de 100 denuncias penales y 21 demandas civiles que enfrenta en distintos juzgados de San Juan. Uno de esos tribunales ya subastó un inmueble de González, por el que se pagaron 115 millones de pesos. Ese monto irá destinado a saldar la condena de uno de los damnificados, quien fue el primero en lograr un embargo preventivo y, por lo tanto, tiene prioridad de cobro. La venta judicial de sus propiedades se ha vuelto un camino para que los denunciantes —tanto en lo penal como en lo civil— puedan recuperar el dinero invertido en supuestas operaciones inmobiliarias que nunca se concretaron. Según el expediente, González ofrecía lotes, casas en construcción o ya finalizadas, y aceptaba pagos en efectivo o vehículos. Pero, en muchos casos, los contratos eran imposibles de cumplir: vendía terrenos que no eran de su propiedad o que ya estaban embargados, y en otros, ofrecía la misma propiedad a varios compradores. La Justicia también investiga a su exsocia y expareja, Denis Robles, quien tiene 7 inmuebles registrados a su nombre, algunos compartidos con González. Ambos habían sido beneficiados con prisión domiciliaria por decisión del juez Roberto Montilla, pero esta semana la jueza Silvina Rosso de Balanza revocó esa medida y ordenó que cumplan prisión preventiva en el Penal de Chimbas por al menos dos meses. En paralelo a las denuncias penales, González acumula 21 juicios civiles y Robles, 23. En al menos cuatro de ellos ya hubo sentencias en su contra. Uno de esos casos fue resuelto por el juez Pablo Farina (Quinto Juzgado Civil), quien dispuso el remate de una casa en el barrio Olivares de Natania. Sin embargo, el dinero de esa subasta no fue para ese demandante, sino para otro que litigó en el fuero Contencioso Administrativo y fue el primero en obtener embargo, lo que lo convirtió en acreedor preferente. Ese acreedor tenía una sentencia por 96,75 millones de pesos más daños y una multa mensual de 100 dólares desde 2021, lo que, sumado al remate, cubriría casi la totalidad del fallo. En total, entre González y Robles hay 43 causas civiles por incumplimientos contractuales, según estiman abogados de los damnificados. El empresario incluso intentó presentarse en concurso preventivo en diciembre, buscando que se suspendan los embargos, pero el juez Javier Vázquez rechazó el pedido. En la formalización de la causa penal, el fiscal Guillermo Heredia explicó que ambos imputados utilizaban empresas fantasmas como Anhelo Desarrollo y Roma Edifi, con las que prometían urbanizaciones y construcciones que nunca se realizaron. La investigación sigue su curso, mientras los denunciantes aguardan justicia y la posibilidad de recuperar lo perdido.