Domingo 11.05.2025
Actualizado hace 10min.

Fraude a Barrick: una jueza sanjuanina se aparta del caso por falta de jurisdicción

Un empleado recibió por error dos veces una indemnización de $107 millones por parte de Andina del Sol y se quedó con el dinero. Ahora, el caso deberá ser tratado por otro fuero.  

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La Justicia de San Juan se declaró incompetente en una causa de presunta estafa que tiene como víctima a la minera Andina del Sol, operadora de la mina Veladero (propiedad de Barrick). El caso involucra un pago indebido de una indemnización por $107 millones, que fue transferido dos veces por error a un exempleado despedido en diciembre de 2024.

Según detalló la fiscalía, el 4 de diciembre de 2024 se le comunicó a Dany Roberto Sarmiento que dejaba de pertenecer a la empresa. El 18 de diciembre, Andina del Sol le depositó una indemnización por $107 millones. Sin embargo, debido a un error administrativo que no registró la operación en el sistema, el 26 de diciembre se le transfirió nuevamente la misma suma, acumulando un total de $214 millones. Pese a haberse comprometido a devolver el dinero, Sarmiento no lo hizo y desde entonces se encuentra inubicable.

Este viernes 9 de mayo, la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo de los fiscales Nicolás Alvo y Gabriela Blanco, junto con la abogada Juliana Vizcaíno en representación de la firma minera, intentó formalizar la acusación contra Sarmiento y su esposa, Myriam Mabel Muñoz, quienes residen en el barrio Jardín del Sur, en la ciudad de San Luis.

La fiscal Blanco solicitó la imputación de ambos por el delito de fraude por retención indebida, mientras que la querella planteó que se los acuse por estafa agravada por abuso de confianza.

Sin embargo, el abogado defensor, Omar Quiroga, planteó la incompetencia territorial de la Justicia sanjuanina, argumentando que el acusado reside en San Luis y que la presunta estafa se concretó desde allí. La jueza Verónica Chicón aceptó el planteo y resolvió que la causa debe tramitarse en aquella provincia.

Ahora resta que un juez puntano defina si acepta la competencia del caso. Si se produjera un conflicto de competencias es decir, que ningún juez acepte intervenir, deberá resolver un tribunal superior o, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia.