El caso por la muerte de María del Carmen Vila, una mujer de 79 años que vivía en un geriátrico de San Juan, sumó un nuevo capítulo con la incorporación de otro profesional de la salud a la investigación. Se trata de Adrián Campillay, quien prestaba servicios en la empresa de emergencias médicas AME al momento del hecho. Ahora, también es parte de la indagatoria que encabezan el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia. Adrián Campillay se suma a Fabián Roberto Kleiman, director del geriátrico “Cielo de París”, como uno de los médicos investigados por la muerte de María del Carmen Vila. La mujer, de 79 años, había ingresado al establecimiento en octubre de 2022 con múltiples enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y trastornos intestinales, lo que requería cuidados especiales que, según la fiscalía, no fueron brindados de manera adecuada en momentos decisivos. El caso se remonta al 19 de diciembre de 2023, cuando Vila falleció tras un cuadro de salud que, de acuerdo con la acusación, se agravó por fallas en la atención médica. Un día antes, el 18 de diciembre, la mujer comenzó a presentar síntomas de descompensación, pero recién al día siguiente se solicitó ayuda médica. Pese a los signos de alerta (dolores abdominales y dificultades respiratorias), el personal del geriátrico solo le administró un enema y no activó de inmediato el protocolo de emergencia. Recién a las 17:24 del 19 de diciembre arribó la ambulancia al mando de Campillay, quien, pese al estado crítico de la paciente, decidió no trasladarla a un hospital de mayor complejidad. De acuerdo con la fiscalía, Fabián Kleiman, en su calidad de director del geriátrico, tenía la responsabilidad de disponer la derivación de María del Carmen Vila a un hospital antes de que su cuadro se agravara. Sin embargo, los abogados defensores de ambos médicos rechazan los cargos y argumentan que sus representados actuaron dentro del marco de sus funciones y responsabilidades. El juez Matías Parrón otorgó un plazo de un año para que la investigación avance. Mientras tanto, los imputados continúan en libertad, aunque con restricciones: no pueden salir de la provincia ni del país sin autorización judicial.