Tras varias horas de tensión debido a una amenaza de bomba en el Hospital Rawson de San Juan, Rosario Cortés Zmutt, bioquímica de 30 años, recuperó su libertad este martes por la tarde. La profesional había sido detenida más temprano por disposición de la UFI Genérica. No obstante, Cortés Zmutt sigue formalmente vinculada a la investigación, que busca esclarecer quién fue el responsable del llamado anónimo que activó el protocolo de emergencia y obligó a evacuar completamente el hospital. El episodio comenzó a las 9:41 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el principal hospital público de la provincia. Esto activó un amplio operativo de seguridad, que incluyó la evacuación total del edificio: pacientes internados, personal médico y administrativo, y decenas de personas en las salas de espera. Horas después, los equipos especializados confirmaron que se trataba de una falsa alarma y no había explosivos en el lugar. A lo largo de la jornada, la investigación permitió determinar que la llamada provino de un número registrado a nombre de Rosario Cortés Zmutt, quien en ese momento estaba brindando una capacitación en el mismo hospital. La bioquímica, egresada de la Universidad Católica de Cuyo y residente en el área de laboratorio del nosocomio, fue detenida preventivamente para continuar con las pericias del caso. Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Ignacio Achem, a cargo de la causa, ordenó su liberación luego de las primeras diligencias. Sin embargo, Cortés Zmutt continúa siendo investigada. "Hoy analizaremos los videos del hospital y tomaremos más declaraciones", explicó Achem en declaraciones radiales, aclarando que aún no está confirmado si fue ella quien realizó la llamada o si alguien más utilizó su celular. Incluso se baraja la posibilidad de que el dispositivo haya sido manipulado de forma remota. El teléfono celular de Cortés Zmutt fue secuestrado y será sometido a peritajes técnicos para verificar su uso en el momento de la amenaza. La geolocalización del dispositivo, que ubica a la profesional en el hospital al momento del hecho, es uno de los elementos claves de la investigación. Además, se suman registros fílmicos, testimonios y análisis de las comunicaciones. La causa está caratulada como "intimidación pública", pero hasta el momento no hay imputación formal contra la bioquímica. A pesar de su liberación, sigue siendo sujeta a proceso. El fiscal Achem, junto al subcomisario Javier Videla y su equipo, continúa recolectando evidencias para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.