El próximo martes 8 vencerán las “facultades delegadas” que el Congreso otorgó al Gobierno por un año mediante la aprobación de la “Ley Bases”. Aunque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asegura que estas facultades representan solo el 5% de las herramientas con las que cuenta su cartera para simplificar y hacer más eficiente la regulación de la actividad privada y el Estado, el Ejecutivo planea presentar, entre este lunes y martes, una última tanda de iniciativas. Estas propuestas, en las que trabajan conjuntamente la cartera de Desregulación y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, serán dadas a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Gran parte de esta agenda ya es conocida, aunque se ha ido postergando. Incluye cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que actualmente funcionan como organismos descentralizados del Ministerio de Economía. La propuesta es trasladarlos a la órbita de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, perdiendo así su autonomía. Esto implicará fuertes recortes presupuestarios, posibles despidos y la venta de bienes y patrimonio en distintas regiones del país. En el caso del INTA, el Gobierno planea reestructurar el organigrama directivo y reducir la influencia de las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, aseguran desde el sector agropecuario. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, señaló que el INTA “cuenta con 6.000 empleados y 3.000 vehículos, y no está claro cuál es el destino de esos recursos”. Además, el Gobierno avanza en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), que pasarían a conformar el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio que dirige Luis Caputo. El Gobierno también avanza en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y planea desarmar la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Estas áreas serían absorbidas por otras dependencias dentro de la Secretaría de Transporte, o bien Gendarmería podría asumir las funciones de control de tránsito de jurisdicción nacional. Esta reestructuración implicaría una transformación total de Vialidad, con cambios en su presupuesto, y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, encargada de unificar la fiscalización y supervisión de los contratos de concesión, también bajo la órbita del ministro Luis Caputo. Además, desde la Casa Rosada se busca transferir obras nacionales a los gobiernos provinciales, aunque aún no está claro con qué recursos presupuestarios se financiarán estas transferencias. El ministro destacó que el recorte de aproximadamente 50.000 empleos públicos durante el último año y medio generó un ahorro estimado en USD 2.000 millones, recursos que, aseguró, ya no deberán salir del bolsillo de los contribuyentes. “Cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos en impuestos”, afirmó, justificando la estrategia de reducción del gasto como una forma directa de aliviar la carga fiscal. Sobre la obra pública, Sturzenegger cuestionó la lógica de centralización aplicada por administraciones anteriores, que derivó en el uso de fondos nacionales para proyectos de competencia local. “Cuando asumimos, había un plan para gastar USD 6.000 millones en alcantarillas. ¿Eso es una obra nacional?”, se preguntó, y criticó un modelo de intermediación política que, según él, fomentaba la discrecionalidad y la corrupción.