El próximo 25 de agosto se dará inicio a las audiencias del juicio oral contra Marcelo Gerardo Acosta, un enfermero de 50 años que llega acusado por la muerte de una paciente en el hospital Guillermo Rawson. La causa está caratulada como homicidio culposo, y la jueza Carolina Parra será la encargada de definir si el imputado debe recibir condena por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Susana Dora Molina, de 57 años. La tragedia ocurrió el 7 de septiembre de 2023, pero tuvo su punto crítico el 24 de agosto, cuando Molina —quien había sufrido un ACV semanas antes— fue trasladada a una sala común del área de Clínica Médica. Estaba traqueotomizada y, según consta en la investigación, requería una limpieza periódica del conducto para evitar que se obstruyera. La Fiscalía, encabezada por el fiscal coordinador Iván Grassi de la UFI de Delitos Especiales, sostiene que Acosta fue alertado varias veces sobre el estado de la paciente. Primero, por escrito: la propia Susana escribió un mensaje pidiendo que una enfermera le aspirara la cánula. Luego, la hija y una cuñada de la mujer también habrían solicitado su intervención. Sin embargo, según la acusación, el enfermero recién la atendió pasadas las 17.15, demorando además varios minutos en regresar con el equipo necesario. Para entonces, la paciente ya había sufrido un paro cardíaco. El fiscal y los abogados de la familia de la víctima solicitarán que Acosta reciba una pena de 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación profesional. En tanto, el abogado defensor, Hipólito Fernández, buscará demostrar que no hubo una negligencia individual, sino fallas estructurales en el sistema de salud pública que exceden a su cliente, además del estado crítico en el que ya se encontraba la mujer. Susana Molina había sufrido un ACV el 11 de julio de 2023. Fue internada en el hospital Marcial Quiroga y luego derivada al hospital Rawson, donde permaneció unos días, antes de ser trasladada al hospital de Pocito. A causa de una infección, volvió a terapia intensiva en el Rawson el 11 de agosto y, tras una leve mejoría, pasó a una sala común el 24 de ese mes. La prueba que se presentará durante las audiencias será clave para definir si la demora en la atención fue decisiva para el desenlace fatal. El caso promete generar un intenso debate sobre responsabilidades profesionales y deficiencias del sistema hospitalario.