El Ejecutivo nacional trabaja para avanzar sobre una caja millonaria de los sindicatos. El Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos y el Gobierno avanzaría sobre ella. Este dinero contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales. Actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales. La idea en Casa Rosada sería eliminar este fondo en forma gradual, pero en el "corto plazo" y con un primer corte de gran impacto, lo que significaría en primera instancia reducir a la mitad lo que se transfiere a las obras sociales de los sindicatos. "Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos", sería la justificación oficial que daría el Ejecutivo. La cuestión es que la distribución de los fondos depende del tamaño del gremio. De acuerdo a datos de Clarín, el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras que el 80 por ciento restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio. En el Gobierno, no obstante, aclaran que "a las más chicas se las va a seguir asistiendo de otra manera, no se las va a desfinanciar". Igualmente, más allá de las explicaciones técnicas, no hay duda de que esta acción tiene un factor político. Además, en el Gobierno sino por el redireccionamiento que le dará a esos fondos que estarían destinados a ampliar la cobertura de jubilados y de monotributistas.