Viernes 22.11.2024
Actualizado hace 10min.

Más de 2.000 Pymes, emprendedores y productores expresaron su apoyo a la reforma laboral que impulsa el DNU

Empresarios y productores se pronunciaron a favor de los cambios. Dicen que “abre las puertas a miles de nuevas contrataciones”.

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El comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por más de 2.000 empresarios y productores, anunció su respaldo al decreto del presidente Javier Milei “para la reconstrucción de la economía argentina” por considerar que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el plano laboral promoverán la creación de empresas, las exportaciones de productos argentinos, la atracción de inversiones y “la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo”.

El propio presidente agradeció el apoyo, como expresó en un mensaje en la red social X Javier Lanari, miembro del equipo del vocero presidencial, Manuel Adorni.

“El Comité se consolidó para abogar por un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades del sector productivo. El objetivo es fomentar un entorno propicio para el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento económico y la generación de empleo mediante la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo”, explicaron desde la organización.

 

El apoyo de los empresarios llega en un marco de tensión en el plano legal. Cabe recordar, que en la Justicia laboral ya se dictaron cinco fallos en contra del DNU. El primero fue el que motorizó la CGT, cuya presentación se vio enmarcada en una movilización al Palacio de Tribunales el último miércoles del 2023.

Luego, el gobierno de Javier Milei, a través de la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra, apeló el fallo de la Cámara del Trabajo. Con el recurso presentado ante ese tribunal, el Ejecutivo llegará a la Corte Suprema de Justicia, por vía directa o en queja, para que se revise la decisión.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada ya había cuestionado en el fuero contencioso administrativo la resolución que el fuero laboral dictó en la demanda impulsada por la Confederación General del Trabajo. Es que el Gobierno entiende que la Justicia laboral no estaba habilitada para pronunciarse y que el caso debía ir a la Cámara en lo Contencioso, que ya había solicitado la inhibitoria.