En un hecho poco común dentro del Poder Judicial, el magistrado Montilla, quien habitualmente ejerce sus funciones en el Palacio de Tribunales, se vio obligado a sentarse en el lugar del acusado en una audiencia que lo enfrentó a un colega: el juez Pablo León. Durante la jornada, el fiscal Iván Grassi presentó su versión preliminar de los hechos y solicitó la imputación formal de Montilla por los delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en calidad de autor. ¿Qué se investiga? El caso gira en torno a la detención de José Benito Martín, ocurrida el pasado 5 de abril, por el presunto delito de estafa. Martín fue alojado en la Comisaría 4°, y, según la investigación, Montilla habría intentado intervenir directamente en su situación, a pesar de no pertenecer al fuero de Flagrancia. Según consta en el legajo, el juez habría realizado múltiples llamadas al oficial de servicio de la comisaría, solicitando que el detenido fuera trasladado a una residencia para adultos mayores. Ante la negativa de los policías, el magistrado se habría presentado personalmente el 6 de abril en la seccional, intentando convencer a los uniformados de llevar adelante el traslado. Este accionar fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y forma parte de las pruebas incorporadas a la causa. Montilla se defiende En declaraciones a los medios, el juez Montilla rechazó de plano las acusaciones y defendió su conducta: “A ciencia cierta no he cometido ningún hecho que sea de agravio a la Justicia, tampoco he agraviado al juez de Flagrancia, en ningún momento”, sostuvo. Además, agregó: “Sí veo que estoy siendo agraviado en mi desempeño, en mi moral y en muchas otras cosas más. No tengo ningún tipo de problema porque no tengo nada que ocultar. Mi moral es intachable”, remarcó el magistrado. Un caso que sacude al Poder Judicial La imputación a Montilla genera revuelo dentro del sistema judicial provincial por tratarse de una acusación contra un juez en ejercicio, y por involucrar posibles interferencias indebidas en otro fuero. La audiencia continuará con la presentación de pruebas, y el juez León deberá decidir si da curso al pedido de imputación de la Fiscalía. Se trata de un caso que pone bajo la lupa los límites del accionar judicial y la responsabilidad de quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley.