El Gobierno planea continuar con su plan de reducción del personal estatal con el objetivo de disminuir el gasto fiscal, estableciendo una meta de 75.000 despidos para finales de año. Este domingo 30 de junio se cumple el plazo establecido por el Decreto 286/24, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, que extendía por tres meses el plazo de los contratos que no habían sido rescindidos para los empleados públicos bajo diferentes esquemas de contratación temporaria. La primera acción en esta dirección se tomó a fines de diciembre de 2023, cuando se rescindieron cerca de 7000 contratos que habían sido firmados ese año en varios organismos. Tras una prórroga de tres meses, el Gobierno concluyó su auditoría interna y procedió a despedir a cerca de 18.000 empleados. En una reciente intervención en el Latam Economic Forum, el presidente, Javier Milei, reafirmó que espera que en las próximas rondas se produzcan 50.000 despidos adicionales. "Ya hemos despedido a 25.000 en lo que va del año", afirmó Milei. El recorte gubernamental y las nuevas restricciones El Gobierno mantiene discreción y no ofrece una cifra o porcentaje estimado de lo que se podría anunciar en los próximos días.  Después de la primera ola de despidos, cada área del gobierno tuvo que realizar una auditoría interna entre enero y marzo para determinar si había personal que se podría prescindir sin poner en peligro la realización de tareas clave o meramente operativas. Diversos funcionarios comentan que este estudio fue mucho más fácil de realizar en los primeros meses del año que ahora. También señalan que un factor crucial que podría retrasar el número de despidos es que el Gobierno aún debe llenar los puestos jerárquicos en varias partes de la APN. Hasta mayo, quedaba por completar un 63% de los puestos del Estado Nacional. El personal que podría ser despedido en los próximos días pertenece a regímenes de contratación transitoria u otros específicos diferentes al de la planta permanente. Ejemplos de estos son los empleados regidos por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (en relación de dependencia, pero planta transitoria), del Decreto N°1109/27 (monotributistas estatales) y de otras modalidades. Según publicó El Cronista, los ministerios más afectados serían Capital Humano (80,01%); Economía (76,2 %); Salud (44,2%) y los organismos que dependen de estos como la Biblioteca Nacional (97,5%), Fabricaciones Militares (96,0%) Enacom (81,4%), Vialidad (78,8%), SENASA (67,9%), Renaper (65,8%) y Migraciones (55,3%) si se confirma la intención del Gobierno de intensificar el recorte de contratos estatales.