A través de un decreto que firmó el presidente Javier Milei, se declaró la adquisición de un sistema antidrones, justificando la medida como razón de seguridad nacional. La misma se conoció dos semanas después del confuso episodio que ocurrió en el Congreso, donde dos ciudadanos rusos pidieron recuperar un artefacto de ese tipo que “perdieron” en un sobrevuelo del Palacio Legislativo, para el cual no tenían autorización ni tampoco solicitaron permiso. Según lo mencionado en la medida que lleva la firma del primer mandatario y de la ministra Patricia Bullrich, esta decisión fue incentivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como drones. Entre los argumentos, el Ministerio de Seguridad expresa que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, pueden utilizarse para atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como también contra objetivos estratégicos clave. En el texto, además, se menciona la facilidad que representa la adquisición de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”. Por ende el Decreto N ° 21/2025 indica que el sistema antidrones permitirá mitigar riesgos asociados al uso indebido de estos aparatos que, en algunos espacios, ya fueron empleados con fines ilícitos, como envíos ilegales en unidades penitenciarias, e incluso en intentos de fuga mediante explosivos o ataques. “Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, redacta el texto. “Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, concluye el documento. Además, enfatiza en que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.