La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación que había solicitado la República Argentina para evitar un fallo adverso que habilita a un grupo de acreedores a embargar los activos soberanos por un monto de 310 millones de dólares. Estos activos, que se encuentran depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, estimados en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023. "Los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EEUU, Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos 3 meses. En Octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI", redactó Sebastián Maril, de Latin Advisors. "Ahora los beneficiarios del fallo enviarán un pedido de embargo a la Jueza Loretta Preska para que ella lo autorice y esa autorización sea presentada en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, en las sucursales que tiene Nueva York, en la Alemania y no sé en qué parte de Suiza. Con eso ya tomarán posesión de los 310 millones de dólares, pero eso no cubre la totalidad del pago, que es cerca de 450 millones de dólares", expresó Maril. La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del BCRA y no del Estado, permitiendo que se utilicen para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no deben ser considerados como parte de una actividad comercial, otro objeto que, de acuerdo con la legislación internacional, debe garantizar su inmunidad frente a embargos. La jueza Preska, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto del 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, aseguró que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA.  "La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento", manifestó la jueza en su fallo.