El Gobierno ha decidido no aplicar el protocolo antipiquetes durante las manifestaciones que se llevaron a cabo hoy, a pesar de los incidentes ocurridos la semana pasada. Más de 1000 efectivos de las fuerzas federales y 900 agentes de la Policía de la Ciudad fueron desplegados en las inmediaciones del Congreso de la Nación para garantizar el orden y la seguridad. Las manifestaciones fueron organizadas por jubilados, organizaciones sociales y sindicatos, quienes, al igual que la semana pasada, marcharon al Congreso en reclamo por sus derechos. A pesar de las tensiones generadas por los incidentes previos, las autoridades decidieron no aplicar el protocolo antipiquetes, lo que generó expectativas sobre cómo se manejaría la situación. En un claro mensaje de firmeza, el Gobierno destacó a través de carteles en las estaciones de trenes que "la policía va a reprimir todo atentado contra la República". La presencia de las fuerzas de seguridad, dispuestas detrás de las vallas que rodean el Congreso, tiene como objetivo evitar altercados durante las protestas. Además, para prevenir los incidentes vividos la semana pasada, las autoridades trasladaron alrededor de 350 contenedores de basura de la zona, con el fin de evitar que sean utilizados como barricadas o incendiados como ocurrió durante las protestas anteriores. El operativo de seguridad se mantuvo de forma ordenada, pero se mantuvo una atención constante en la evolución de la situación, en un contexto de creciente tensión entre los manifestantes y las autoridades.