La intoxicación de más de 70 estudiantes tras consumir viandas escolares en mal estado ha puesto en la mira el funcionamiento del Programa de Asistencia Nutricional Escolar (PANE) en la provincia de San Luis. La Justicia capitalina, bajo la conducción de la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera, avanza en una investigación que involucra a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, proveedores relacionados con el Gobierno y contratos millonarios sin el control público adecuado. El caso comenzó a investigarse luego de que, entre el 7 y el 14 de marzo, varios alumnos de diferentes escuelas públicas (incluidas la Técnica "Agustín Mercau" de Villa Mercedes, y las escuelas "Pancha Hernández" y "La Rioja") resultaran afectados tras consumir alimentos en mal estado. Aunque el PANE depende oficialmente del Ministerio de Educación, la provisión de viandas es gestionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Federico Trombotto. Al ser tan complejo el caso, el gobernador Claudio Poggi debió crear una nueva Secretaría, dirigida por Eugenia Gallardo, con el objetivo de organizar el sistema. Sin embargo, la red de vínculos personales y comerciales entre funcionarios y proveedores del programa ha generado nuevas sospechas. Entre los nombres mencionados en la causa se encuentran César Oliva, director de Valor Agregado y Vinculación Compre Local, y propietario de Cer-Pan, una de las empresas proveedoras. También está bajo la mira Pablo Cangiano, titular de Buenas Prácticas Corralón Rural y actual responsable de la Sapem Sol Puntano, la empresa estatal que recibió transferencias cercanas a los 20 mil millones de pesos para la provisión de alimentos. Por el momento, no se ha tomado declaración a Celeste Aparicio, exresponsable del PANE y actual directora de Comunidad Educativa. El silencio oficial sobre el caso ha generado malestar entre las familias afectadas y la comunidad educativa, que exige respuestas sobre la calidad y el control de los alimentos distribuidos. En este contexto, esta semana se presentó un pedido formal para suspender preventivamente la entrega de viandas en todas las escuelas de la provincia, hasta que se garantice la seguridad alimentaria de los estudiantes. La causa judicial continua en etapa preliminar, pero se espera que las próximas audiencias y medidas de prueba arrojen más detalles sobre la gestión del programa, las licitaciones y la posible complicidad entre funcionarios y empresarios. Esta situación ha desencadenado una crisis política y sanitaria que pone en peligro uno de los programas sociales más importantes del sistema educativo provincial.