Antes de su conformación formal, la comisión investigadora que la Cámara de Diputados aprobó para esclarecer el rol del Gobierno en la estafa $LIBRA ya desató una fuerte tensión política. En las últimas horas, el oficialismo y la oposición protagonizaron una serie de movimientos y negociaciones nocturnas en busca de mayor influencia dentro del espacio. Mientras la Justicia avanza con su propia agenda, la comisión gana protagonismo más por la intensidad de la rosca legislativa que por su capacidad (aún no activada) de generar efectos vinculantes. Previo a su constitución, la comisión investigadora aprobada por la Cámara de Diputados para esclarecer el rol del Gobierno en la estafa $LIBRA ya había generado una creciente tensión y una serie de movimientos nocturnos tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras las decisiones judiciales siguen su curso, el espacio cobró relevancia debido a la intensidad de la rosca legislativa, mucho antes de que pudiera producir algún efecto vinculante. Sin embargo, la sesión solicitada por la oposición para tratar el dictamen permanecía en pie. Se esperaba que se cayera por falta de quórum, ya que, durante la reunión de Labor Parlamentaria previa, diversos bloques anticipaban su fracaso. "El estado de ánimo de Martín Menem nos dejó preocupados", confesó una diputada del radicalismo, opuesta a Democracia para Siempre. Pero, en un giro inesperado, fueron los gobernadores quienes sorprendieron con su rebeldía. Ignacio Aresca, diputado cercano al cordobés Martín Llaryora, decidió ingresar al recinto, y con él lo hicieron sus coprovincianos de Encuentro Federal. Lo mismo ocurrió con los cuatro representantes de Catamarca en Unión por la Patria, quienes, tras haber respaldado posturas del oficialismo en sesiones anteriores, se alinearon ahora con la oposición. El resultado fue un quórum ajustado: 129 diputados presentes y 128 ausentes, sin margen de error.  "Una vez que logramos que la sesión arrancara, la dinámica se fue construyendo", detalló un diputado peronista a este medio, refiriéndose a los acuerdos que fue alcanzando la oposición para definir cuáles de los múltiples dictámenes aprobaban. El primer paso fue la creación de la comisión investigadora. Luego, avanzaron con el pedido de informes al Ejecutivo. Finalmente, llegó la discusión sobre qué funcionarios serían convocados al recinto para dar explicaciones. En ese punto, Guillermo Francos se estableció como un nombre fijo. "Es el único que va a venir", se lamentaron desde un bloque federal. Hubo otros tres acuerdos clave: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Todos ellos fueron citados para comparecer ante la comisión el martes 22 de abril.