La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una medida cautelar ante el fuero de la Seguridad Social con el objetivo de que se le restituyan la jubilación de privilegio como exmandataria y la pensión vitalicia que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. El reclamo se da tras la decisión del Gobierno nacional de suspender ambas asignaciones luego de la condena en la denominada “Causa Vialidad”. En el escrito, al que accedió TN, el abogado Facundo Fernández Pastor argumentó que la medida adoptada por el Ejecutivo constituye “una vulneración de un derecho alimentario”, que afecta tanto “su derecho humano a la seguridad social” como su “derecho a la subsistencia” y, en consecuencia, al “derecho a la vida”. El letrado sostuvo que Cristina Kirchner no posee actualmente otros medios de sustento, ya que en 2016 cedió sus bienes y los heredados de Néstor Kirchner a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Además, remarcó que se encuentra judicialmente inhibida, lo que impide que pueda disponer de cualquier ingreso que eventualmente perciba. “La expresidenta está inhibida y no posee bienes; cualquier emolumento que ingresara a su patrimonio quedaría automáticamente paralizado”, afirmó Fernández Pastor. Por ese motivo, señaló que las asignaciones vitalicias constituyen su única fuente de ingreso. La defensa también calificó la medida del Gobierno como una forma de “persecución política”. “Antes la proscripción la buscaban hacer desde Comodoro Py, ahora directamente la pretenden realizar mediante una ley que solo es aplicable a mi mandante”, planteó el abogado, quien advirtió que con esta decisión se busca impedir que Fernández de Kirchner vuelva a ejercer cargos públicos. En el escrito también se mencionó el caso del expresidente Carlos Menem y su expareja Zulema Yoma, quien, según recordaron, percibe una pensión similar pese a que Menem fue condenado en dos instancias. “¿Cuál es el fundamento para sostener que debe revocarse la prestación de mi mandante, si el expresidente Kirchner no fue condenado ni sometido a juicio político? Ninguno, por supuesto”, argumentó Fernández Pastor. La decisión del Gobierno nacional de suspender los haberes fue tomada en diciembre pasado, tras la confirmación de la condena contra Fernández de Kirchner en la causa por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Según datos oficiales, la expresidenta cobraba más de 21 millones de pesos netos mensuales por ambos conceptos. Desde el Ejecutivo justificaron la quita al sostener que se trata de un beneficio graciable, no contributivo, otorgado en reconocimiento del mérito, el honor y el buen desempeño del cargo, tal como lo establece la Ley 24.018. Según esa interpretación, la condena en la Causa Vialidad implicaría la pérdida de esas condiciones. En respuesta, la defensa de Cristina Kirchner también presentó un recurso de nulidad, al considerar que la decisión fue “ilegal y autoritaria” y que no se garantizó su derecho a la defensa. Además, sostuvo que la administración “quebrantó una ley nacional” al suspender un beneficio sin fundamentos jurídicos sólidos.