El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba resolvió declarar la quiebra de la firma Márquez & Asociados Constructora Desarrollista, actualmente denominada MRQZPABAR Desarrollos SA, con domicilio en Villa Warcalde, en las afueras de la capital provincial. La decisión fue adoptada a raíz del reclamo de un profesional con créditos impagos, correspondientes a honorarios. En su resolución, el juez Sergio Ruiz definió el proceso como una “quiebra pedida compleja”, debido a la gran cantidad de denuncias por estafas: serían alrededor de 4.000, incluyendo dos presentadas por ciudadanos sanjuaninos. Los acreedores tendrán tiempo hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar digitalmente sus pedidos de verificación y documentación, conforme al Protocolo de actuación profesional de sindicatura concursal en el expediente judicial electrónico (Acuerdo Reglamentario N° 1714). El sorteo de la sindicatura será el 13 de mayo, y posteriormente se informarán los datos de contacto y dirección del síndico. Entre las medidas dispuestas por el magistrado se destaca: La prohibición de realizar pagos directamente a la empresa, ya que serán considerados ineficaces de pleno derecho. Los pagos deberán realizarse únicamente a través de la cuenta judicial N° 922/7728109 (CBU 0200922751000007728196) del Banco de Córdoba, sucursal Tribunales. La inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de todos los activos registrados a su nombre. La anotación de la quiebra en los registros públicos y judiciales pertinentes. La inhabilitación de la empresa y de sus directivos, Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente). Asimismo, se intimó a toda persona que posea bienes de la empresa a que los entregue a la sindicatura en un plazo de 24 horas. También se autorizó la venta de activos, aunque el nombramiento del enajenador será diferido hasta que la sindicatura los incauta y defina el modo más conveniente para su liquidación. El cronograma judicial prevé que: El informe individual de créditos sea presentado el 25 de junio de 2026 La sentencia de verificación de créditos se dicte el 18 de diciembre de 2026 Y el Informe General de la sindicatura se entregue el 24 de febrero de 2027 Dada la dimensión del caso, la cantidad de damnificados y su impacto social, el juez Ruiz consideró necesario incorporar al proceso al Ministerio Público Fiscal, a las Oficinas de Defensa del Consumidor, y a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial cordobés.