Desde fines del año pasado, el Gobierno impulsa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece beneficios fiscales y cambiarios con el objetivo de atraer proyectos en sectores productivos. La iniciativa busca generar confianza en un contexto marcado por crisis económicas recurrentes, escaso acceso al crédito, alta presión impositiva, restricciones para girar dividendos al exterior y un clima de inseguridad jurídica. El presidente Javier Milei enfrenta el desafío de atraer empresas dispuestas a invertir en la economía real. Por el momento, los proyectos aprobados bajo el RIGI son impulsados por compañías que ya operan en el país, en un contexto marcado por una salida récord de Inversión Extranjera Directa (IED), según datos del Banco Central. La gestión libertaria busca revertir esa lógica con una agenda centrada en la desregulación y el orden macroeconómico. Sin embargo, ese proceso tomará tiempo y enfrenta resistencias en distintos sectores.