Pese a la escandalosa suspensión de la última sesión en Diputados (que volvió a evidenciar cómo ciertos sectores transformaron el maltrato y la desmesura en una estrategia de visibilidad), la oposición logró avanzar en dos temas clave de la agenda pública: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. Ambos proyectos no ponen en jaque directamente el equilibrio fiscal, pero sí tensionan el plan de achicamiento del Estado impulsado por el Gobierno. Si esas tensiones prosperan, se reabren los debates sobre el rol de lo público. Desde el punto de vista parlamentario, el oficialismo mantiene una estrategia eficaz: en cuatro meses de sesiones ordinarias, la oposición no logró sancionar ninguna ley ni derogar decretos. La parálisis en las comisiones controladas por La Libertad Avanza bloquea toda iniciativa que no provenga del Ejecutivo. Por eso, para que cualquier propuesta avance, debe primero negociarse por fuera del recinto, luego emplazarse (obligar su tratamiento en comisión), obtener dictamen y, recién ahí, volver al recinto para buscar media sanción. El Senado, mientras tanto, ya tiene cuatro proyectos en etapa final. En la última sesión, la oposición alcanzó la mitad de ese recorrido y se prepara para dar un paso más el próximo martes 8 de julio. Los emplazamientos ya establecieron el debate de la emergencia en salud pediátrica a las 12 hs y el del financiamiento universitario a las 16 hs, con posibilidades de obtener dictamen y así facilitar su aprobación en la Cámara baja. Sin embargo, el dato más significativo no fue el trámite parlamentario, sino el quiebre en los apoyos al oficialismo. En plena negociación presupuestaria con los gobernadores, el Gobierno perdió algunos de los respaldos que le permitían sostener una mayoría estable. Hoy, La Libertad Avanza ni siquiera tiene asegurado un tercio de los votos. Para frenar los emplazamientos, el oficialismo sólo contó con el acompañamiento del PRO. Las votaciones reflejaron esa soledad: 164 a 66 a favor del debate sobre salud pediátrica y 161 a 68 en el caso de universidades. Con ese nivel de apoyo, que incluyó votos fragmentados de la UCR y respaldos inesperados desde San Juan, Córdoba y Salta la oposición incluso empieza a ilusionarse con revertir un posible veto presidencial. Aun así, el oficialismo logró evitar que se aprueben los proyectos sobre tablas (que requieren dos tercios), y conserva ciertas fidelidades: gobernadores como los de Chubut, Tucumán (cuyos legisladores se ausentaron), Entre Ríos, Río Negro y Mendoza siguen alineados. También se insinúan posibles acuerdos futuros con sectores del radicalismo cordobés, de cara a una reconfiguración electoral. Dos proyectos, dos frentes El proyecto de financiamiento universitario será tratado en un plenario conjunto de las comisiones de Educación y Presupuesto. Impulsado por rectores, docentes y organizaciones estudiantiles, propone la reapertura de paritarias (cerradas desde octubre), financiamiento para gastos de funcionamiento, becas, desarrollo científico y la creación de un fondo especial de $10.000 millones ajustado por IPC, destinado a promover el ingreso a carreras estratégicas. La diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria) denunció que el presupuesto universitario cayó un 45,3% en términos reales respecto a 2023. “Milei está incumpliendo la Ley de Educación Superior, que establece que el Estado nacional debe garantizar el financiamiento, supervisión y fiscalización de las universidades”, advirtió. Por su parte, Danya Tavela (Democracia para Siempre), también promotora del proyecto, sostuvo: “Los docentes han perdido más del 80% de su poder adquisitivo. No se trata de estar a favor o en contra del Gobierno, sino de defender el derecho a estudiar”. En paralelo, la declaración de emergencia en salud pediátrica busca asegurar, hasta diciembre de 2027, recursos para infraestructura, insumos, medicamentos, vacunas, equipamiento médico y salarios del personal esencial. También plantea la recomposición inmediata de los salarios del sector pediátrico. Este debate se produce en medio del descontento por el nuevo régimen de residencias médicas, que el Gobierno modificó por decreto. La norma redefine las residencias como un “proceso formativo” con carácter de beca, quitándoles su carácter laboral. Un día después de publicado el decreto, residentes del Hospital Garrahan se movilizaron a Plaza de Mayo, denunciando que el cambio elimina aportes jubilatorios, aguinaldos y otras garantías laborales durante al menos cuatro años.